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Viernes, noviembre 27, 2020

Fútbol contra la censura a los clubes de barrio

Actividad a desarrollarse el próximo viernes 18 a las 12.00 en Perú 103 frente al Ente Nacional de Comunicaciones

Clubes de barrio, futbolistas, ex futbolistas, periodistas, comunicadores populares, canales de televisión y radios barriales y comunitarias, más sindicatos y organizaciones sociales se congregarán frente al ENaCom para reclamar por los derechos de televisación de las transmisiones partidarias que, garantizados por ley, no son reglamentadas por el gobierno de Macri.

Los medios de comunicación partidarios, que gozan con un régimen legal especial que les garantiza la televisación gratuita de los partidos de los clubes locales -excluidos de los derechos de televisación cedidos a las empresas- son censurados y silenciados por el gobierno de Mauricio Macri. El Estado se niega a reglamentar la ley y asfixia a los medios locales, dejando a las hinchadas y a las audiencias sin la posibilidad de ver a sus clubes por televisión. Por eso mismo, los clubes realizarán una protesta y un partido de fútbol contra la censura el viernes 18 a las 12 frente al ENaCom (Perú 103).

El artículo 77 de la ley 26.522 garantiza el acceso universal a los contenidos informativos de interés relevante, como, por ejemplo –lo señala expresamente- los encuentros futbolísticos para cada región del país, y establece que el ejercicio de los derechos exclusivos para la emisión televisiva no puede perjudicar el derecho de las personas a seguir esos acontecimientos en directo y de manera gratuita. Por eso establece la elaboración de un listado anual de acontecimientos de interés general. El gobierno de Macri volvió a incumplir en 2019 la obligación de confeccionar ese listado.

La inacción y la complicidad del ENaCom, presidido por Silvana Giudici, que se resiste a reglamentar la ley vigente, empuja a los clubes a soportar demandas millonarias, civiles y penales, ante las empresas más poderosas del país. Aun gozando del derecho, no lo pueden ejercer.

El canal sin fines de lucro Pares TV, de la localidad de Luján, que seguía desde 2011 la campaña de Flandria, acaba de dejar de emitir ante la imposibilidad económica de transitar un derrotero judicial que puede llevar una década de litigio. La empresa que le reclama la tenencia de derechos exclusivos sobre esas transmisiones (Trisa S.A, en este caso) lo hace con el interés de bloquear esas emisiones para luego tampoco emitirlas (ya que no con comercialmente rentables). Un grosero cercenamiento a los derechos de las audiencias.

Esa realidad se extiende progresivamente a todos los medios partidarios del país. Por eso, clubes de barrio, futbolistas, ex futbolistas, periodistas, comunicadores populares, canales y radios barriales y comunitarias, más sindicatos y organizaciones sociales se congregarán el viernes 18 a las 12 en Perú 103 para jugar un partido de fútbol contra la censura y demandar el fin del silenciamiento al periodismo partidario.

Convocan:
Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas CONTA | Sindicato de Prensa de Buenos Aires SiPreBA | CTEP | CTEP Capital | Medios Partidarios Unidos MPU

Adhieren:
Club Villas Unidas | Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) | InterRedes | FARCO | AMARC | Interbloque Frente de Todos Luján: concejales Miguel Prince, Griselda Krauth, Erica Pereyra, César Siror, Gabriel Jurina, Federico Guibaud, Silvia Scarzo, Nicolás Capelli, José Neto y Silvio Martini | CTD Aníbal Verón – Luján | Larisa Kejval y Diego De Charras por la Dirección de la Carrera de Ciencias de la Comunicación UBA | Tití Fernández | Natalia Isacchi | AATECO | COMECUCO Mendoza | Wayruro Comunicación Popular | Mesa de Comunicación Popular de Salta y Jujuy | Coalición por una Comunicación Democrática Jujuy | FutFemProf | VamosLasPibasTV | Revista PPV | SUTEPA – PAMI |
Adhesiones a: contateve@gmail.com

En la Defensoría del Público los derechos de las audiencias ya no cuentan como prioridad

Santiago Marino, Doctor en Ciencias Sociales, Magíster en Comunicación y Cultura y Licenciado en Ciencias de la Comunicación fue convocado en 2018 por sus antecedentes para ocupar un puesto en la Defensoría del Público. En los últimos tiempos recibió hostigamiento y persecución por parte de un empleado de presidencia de la Nación. Desde el pasado 30 de junio, presentó su renuncia y publicó el siguiente descargo en Facebook

A partir del día 30 de junio dejé de ser Director de Análisis, Investigación y Monitoreo (DAIM) de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Quedé desde el 19 de junio a entera disposición del Interventor, abogado Emilio Alonso, y de la Directora General de Planificación Estratégica e Investigación, Lic. Mariana Cintia Cabral, para acompañar y desarrollar una transición ordenada y en el marco de respeto personal y profesional con quienes entendieran ostentare los atributos profesionales para desempeñar las tareas a mi cargo. Decidieron dejar ese puesto quede vacante. Me iban a renovar por un mes.En mayo de 2018 fui convocado por los entonces Directores de Protección de Derechos (Dra María José Guembe, con firma delegada a su cargo por la Comisión Bicameral) y de Capacitación y Comunicación (Ernesto Lamas) por mis antecedentes en el campo académico en general y mis trabajos sobre el Espacio Audiovisual Ampliado en particular para aportar desde la Investigación a la defensa de los derechos de las audiencias.

Luego de que la Dirección de Personal del organismo evaluara mi CV y aptitudes, constatara que cumplía con los requisitos de formación y antecedentes que el cargo requiere y recomendara -junto a la Dirección de Legal y Técnica- mi designación como Director de Análisis, Investigación y Monitoreo por el lapso de un año, comencé a trabajar en julio de 2018 con compromiso y dedicación en un organismo creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2009. Y que a pesar de los avatares por los que atravesó dicha ley –declarada Constitucional en 2013 por la Corte Suprema en el marco del litigio iniciado por el Grupo Clarín- es un ejemplo muy difícil de equiparar en el desarrollo de marcos institucionales para la defensa de la libertad de expresión en el país.
A mi llegada elaboré un diagnóstico del estado de situación de la Dirección que estaría a mi cargo. Analicé cada línea de acción y conocí de primera mano las tareas que el colectivo lleva adelante desde hace varios años, el valor de sus integrantes –a quienes entrevisté personalmente para conocer sus intereses, necesidades y demandas- y las proyecciones a futuro.

Luego, diseñé y presenté un Plan de Acción con líneas específicas para la DAIM como así también proyectos de trabajos inter- direcciones. Esto fue posible, además, por el compromiso y el vínculo con el trabajo del conjunto de Directoras y Directores del organismo y de cada uno de los trabajadores y trabajadoras que forman parte de la Defensoría.

Durante los primeros tres meses (hasta finales de setiembre de 2018) me integré de modo honesto y cordial al colectivo de Directoras y Directoras que coordinaban la gestión de un organismo que estaba acéfalo desde el cumplimiento del mandato de la Defensora Cynthia Ottaviano, en diciembre de 2016. Y que a pesar de esta debilidad institucional había garantizado la continuidad de su trabajo, el vínculo con las audiencias, el trabajo con medios y productores privados con y sin fines de lucro como así también públicos, las relaciones con investigadores (entre los que me contaba) y especialistas del campo y la rendición de acciones quincenales a la Comisión Bicameral que controla sus funciones.

En ese breve lapso logramos consolidar el trabajo precedente y desarrollar líneas nuevas. Se presentó el Informe del Monitoreo de noticias 2017 y el estudio comparativo de 5 años (2013-2017) llevado a cabo por integrantes de DAIM desde la dirección, en su origen, del Dr. Gerardo Halpern. Conseguimos, entonces, una gran repercusión en los medios masivos (gracias a la gestión de las compañeras y los compañeros del área de Comunicación Institucional) y en el ámbito académico, pues desarrollamos una presentación específica para cada destinatario. Esto redundó en un incremento del conocimiento del organismo, factible de ser medido, por ejemplo, en el crecimiento de la cantidad de denuncias que se recibieron en el período, como así también de la presencia mediática. Todo fue fruto de un trabajo colectivo al que pude sumarme por la predisposición de quienes ya estaban acá (y ojalá sigan).

Por otro lado, junto a integrantes de otras direcciones (con la autorización y el valor de María José Guembe y Ernesto Lamas) me sumé al equipo conformado por el Dr. Esteban Lopardo y el Dr. Gerardo Halpern para avanzar en líneas de acción vinculadas al desarrollo de las comunicaciones convergentes. Ellos venían trabajando hace tiempo la temática y con mi llegada le dimos cuerpo a una necesidad muy clara del organismo y de las audiencias, que comenzaban a hacer llegar denuncias definidas por consumos convergentes de medios tradicionales y emergentes. Ese trabajo necesita ser continuado por especialistas. Ojalá suceda.

A su vez, desde el abordaje académico y la perspectiva crítica del desarrollo de la convergencia comenzamos a robustecer el conocimiento hacia afuera y hacia adentro del organismo. Así, junto a Esteban Lopardo ofrecimos una Capacitación para trabajadores y trabajadoras de la entidad sobre el marco regulatorio vigente. Y luego la completé con un Ateneo sobre Convergencia, que constituyó una serie de encuentros de Capacitación formal a mi cargo con integrantes de la Defensoría a partir de una bibliografía definida en un programa para tal fin. Las presentaciones se complementaron con intercambios muy agudos con diferentes profesionales que se desempeñan allí: abogadas y abogados, comunicadoras y comunicadores, especialistas en género, en adultos mayores, en migrantes y otras diversas temáticas.

Por su parte, como miembro del organismo, me tocó exponer (acompañado por la Dra. Guembe, el Dr. Lopardo, la Dra. María Capurro y el Director Ernesto Lamas) ante la Comisión de Comunicaciones e Informática en el debate del Proyecto de Ley Corta de Comunicaciones. En ese marco di cuenta de aspectos centrales que una regulación convergente (o a medias) debe contemplar en pos de defender los derechos de las audiencias. Esa normativa no se aprobó. Pero resulta central que el organismo incorpore autoridades competentes al frente, en ocasión de que se reabra ese u otros debates pendientes sobre la regulación del sistema info-comunicacional.

Como reciente Director de DAIM me tocó participar de la (hasta ahora) última Audiencia Pública, realizada en el mes de agosto de 2018 en la localidad de Corrientes. El vínculo y la apropiación del instrumento por parte de las audiencias en aquel marco fueron expuestos en primera mano. Y a partir de allí pudimos realizar acciones con equipos de investigación y cátedras en el NOA como fruto del encuentro.

Poco antes del inicio de la intervención –que puso en suspenso casi todas las acciones planificadas- llevamos al Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación de Fadeccos realizado en Olavarría la propuesta de una serie de acciones en conjunto a llevar a cabo entre el colectivo de Carreras y la Defensoría que resultó muy fructífero mientras se pudo implementar. De ello se desagregan las presentaciones a mi cargo en Corrientes y Mendoza (mayo y junio de 2019) y la presentación del Monitoreo en la Universidad de Cuyo.

A pocos días de cumplirse tres meses de mi llegada el organismo fue intervenido por decisión de la Comisión Bicameral. Al frente fue designado un “encargado” cuyo CV todavía desconocemos quienes integramos el campo de la comunicación. Y cuyos antecedentes resultan escasos –si no nulos- para dicha tarea.

Desde entonces sufrí una serie de maltratos y hostigamientos personales y profesionales que se intensificó a partir del nombramiento de una Directora General en el área y puede resumirse en lo siguiente:

  • El desarrollo de un proceso de persecución y hostigamiento para mis tareas como Director de DAIM;
  • El cercenamiento y la reducción de tareas que competen al cargo que revestía, entre los que se destacan la decisión de que no firme los partes diarios de asistencia de las trabajadoras y los trabajadores del equipo a mi cargo y la planificación de sus tareas;
  • El control político de los contenidos de las presentaciones en ámbitos académicos de los resultados de trabajos completos y en desarrollo;
  • La suspensión de actividades planificadas (encuentros con equipos de investigación, jornadas académicas, planes, programas y proyectos planificados con otras entidades y organismos);
  • El maltrato ejercido por las autoridades de la Intervención en términos profesionales y personales para conmigo y en relación a mis tareas en el organismo;
  • El control de mis tareas en ocasión de viajes realizados para actividades académicas por parte de personal político incorporado al organismo por la Intervención;
  • La prohibición de asistir a jornadas, congresos y seminarios pertinentes a las temáticas abordadas en mis tareas como Director y planificadas para tal fin;
  • La suspensión sin causa de la presentación del Monitoreo 2018 para investigadores;
  • La prohibición de brindar entrevistas con medios de comunicación masiva para difundir los resultados de los trabajos que realiza el equipo a mi cargo;
  • La presión y los aprietes realizados de modo formal e informal por parte de los integrantes del equipo de la intervención, en ámbitos públicos y privados, hacia mi persona y hacia personas de mi círculo íntimo, entre otros;
  • La decisión de renovar mi cargo por un mes (Julio 2019);
  • La anécdota de impedir que mis compañeros y compañeras realizaran la despedida a quienes nos fuimos del organismo en estos días.

Esta situación consolida una serie iniciada con el desplazamiento de Ernesto Lamas del cargo de Director de Comunicación y Promoción en diciembre de 2018 –con argumentaciones falaces- y continuada en la situación de hostigamiento que llevó a María José Guembe a renunciar a su cargo de Directora de Protección de Derechos.

Haber aceptado la convocatoria de María José y Ernesto implicó un desafío profesional y personal muy significativo. Me permitió conocer el trabajo de gestión de un organismo que es una perla en la tradición nacional e internacional, me puso a conducir un equipo de profesionales lúcido, me instó a administrar reglas de gestión de un colectivo y a aportar desde mi área de especialidad para la defensa del derecho de las audiencias. Fue desafiante y hermoso mientras duró en el marco en que fui convocado…tres meses. Y se volvió un ámbito hostil, de persecución, maltrato, cercenamiento, incertidumbre laboral y vaciamiento desde la intervención. Hasta acá llego. Vuelvo a mis clases, mis proyectos, mis libros y mi compromiso con la investigación. Ojalá el futuro depare crecimiento y expansión para la Defensoría que supieron conseguir quienes están ahí desde su origen y consolidar quienes siguieron a pesar de los pesares. Ojalá haya un recambio justo y democrático en el futuro. Las audiencias lo necesitan. Quienes todavía trabajan allí también.
Santiago Marino

El Grupo Clarín pidió dos años de prisión para Sabbatella por abuso de autoridad

La denuncia apunta a irregularidades en el proceso de adecuación forzosa de dicha empresa a la ley Audiovisual en 2012, luego que aquella presentara un plan ante el organismo que conducía Sabbatella

El Grupo Clarín pidió la pena de dos años de prisión para el ex titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales (AFSCA) Martín Sabbatella por abuso de autoridad en el proceso de adecuación a la ley Audiovisual del grupo Clarín en 2012.

El pedido fue durante la etapa de alegatos, donde la fiscalía a cargo de Eduardo Taiano, por su parte, reclamó la pena de un año para el ex intendente de Morón, quien estuvo presente durante la audiencia para escuchar el pedido de condenas.

El juicio, que se lleva adelante en los tribunales de Comodoro Py, sigue la próxima semana con el alegato de las defensas en los que se prevé reclamen ser absueltos del juicio oral y público que comenzó en 2019.

La denuncia del Grupo Clarín apunta a irregularidades en el proceso de adecuación forzosa de dicha empresa a la ley Audiovisual, luego que aquella presentara un plan ante el organismo que conducía Sabbatella.

Además de Sabbatella están siendo juzgados juzgados Claudio Schifer, Ignacio Saavedra, Néstor Avalle, Eduardo Rinessi, Guillermo Pérez Vacchini, Sergio Zurano y Lorena Di Filippo, todos ex funcionarios del disuelto organismo regulador de las comunicaciones audiovisuales.

La investigación de la causa contra Sabbatella estuvo a cargo del juez federal Claudio Bonadio, quien el 26 de mayo de 2017 procesó a todos los acusados por “abuso de autoridad” y hoy el caso está en juicio a cargo de Ariel Lijo.
Fuente: Agencia Noticias Argentinas

Piden la remoción del interventor de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual

Más de un año de intervención deja un saldo de abandono de tareas y funciones, y de vaciamiento institucional según una denuncia conjunta del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), del Foro de Radios Comunitarias (FARCo), del capítulo Argentina de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC)

Por: Washington Uranga
Un grupo de organizaciones, instituciones y personalidades presentaron ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Comunicación Audiovisual una denuncia acerca del funcionamiento de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (DPSA) y en el mismo acto solicitan que se deje sin efecto la designación del interventor de ese organismo, el abogado Emilio Jesús Alonso, quien fuera nombrado con carácter transitorio el 26 de setiembre de 2018 . El pedido del remoción del funcionario lleva la firma, entre otros, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), del Foro de Radios Comunitarias (FARCo), del capítulo Argentina de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), y de investigadores y académicos del campo de la comunicación, entre los cuales se cuentan Martín Becerra y Guillermo Mastrini (UNQ), Diego de Charras y Larisa Kejval (UBA), Philip Kizberger (Univ. Di Tella) y la abogada especialista en derecho de la comunicación Graciana Peñafort.

Además de señalar que la designación de Alonso incumplió los requisitos exigidos por ley para ser Defensor/a y el reglamento de la propia Comisión Bicameral, los denunciantes sostienen que Alonso “discontinuó las líneas de trabajo, paralizó el despliegue territorial, separó de sus cargos al director Ernesto Lamas en un acto de persecución política, provocó la renuncia de la directora María José Guembe”, a quien la propia Comisión Bicameral había encargado de la DPSCA durante la acefalía, y “tras una larga persecución y censura” generó la renuncia del director de Análisis, Investigación y Monitoreo, Santiago Marino.

En el mismo documento los firmantes señalan que durante su gestión Alonso “dejó tres direcciones sustantivas del organismo vacantes” mientras nombró en cargos jerárquicos a personas que carecen de formación en los temas específicos de la DPSCA y hubo al menos catorce designaciones en la planta jerárquica y como asesores, con las más altas remuneraciones, violando de este modo “las facultades conservatorias dispuestas por la Comisión”.

Respecto de lo anterior el documento concluye que “el resultado de estas decisiones es una Defensoría empobrecida, paralizada en todas sus acciones y la total desprotección de los derechos de las audiencias”.

La DPSCA es un organismo dependiente del Poder Legislativo creado en el marco de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26522), sancionada en el 2009 y prácticamente desguazada por un decreto de necesidad y urgencia (DNU) emitido por Mauricio Macri pocos días de asumir la presidencia en el 2015.

Sin embargo el DNU no afectó a la DSPCA ni alteró sus funciones por lo cual siguió actuando de manera normal mientras estuvo vigente el mandato de la defensora Cynthia Ottaviano, hasta el 14 de noviembre de 2016. Con posterioridad a ello la propia Comisión Bicameral presidida por el senador santacruceno Eduardo Costa (Cambiemos), bajo la vicepresidencia del senador Alfredo Luenzo (Chubut Somos Todos) y con la secretaría del diputado Pablo Carro (Unidad Ciudadana por Córdoba), designó a la entonces directora legal María José Guembe para hacerse cargo de la continuidad de la tareas mientras durase la acefalía y asumiendo el compromiso de regularizar la situación. No solo no ocurrió tal cosa sino que en setiembre pasado sorpresiva y antirreglamentariamente, tal como se consigna en la denuncia, se desplazó a Guembe y se nombró al mencionado Alonso, en principio por tres meses que se han extendido hasta la fecha.

Los trabajadores de la Defensoría han denunciado actualmente que el mal manejo presupuestario de Alonso impide en la actualidad hacer frente al pago de los salarios del personal hasta fin de año.

Por ese motivo ahora se solicita, “previa sustanciación del sumario” la remoción del interventor Alonso y que “se de inicio al proceso de selección y designación de la defensora o defensor del público audiovisual de conformidad con el artículo 20 de la ley 26.522”. Mientras tanto se pide que, siguiendo la práctica que es habitual en estos casos, el organismo quede a cargo de los funcionarios de planta permanente y “se adopten las medidas necesarias para retomar el normal funcionamiento de la Defensoría” como forma de “recuperar las acciones necesarias para proteger los derechos de la ciudadanía”.

La Comisión Bicameral destinaria de la denuncia ha sido convocada para el próximo jueves 17 por la mañana y en el orden del día se incluyó el informe de gestión que debe presentar el interventor Alonso, el tratamiento de la denuncia presentada y la evaluación acerca de la designación del titular de la Defensoría del Público.
Fuente: Diario PáginaI12

LEONARDO GARCIA UN NUEVO SOCIO

Leonardo Garcia de profesión camarógrafo y editor se suma a la entidad convirtiéndose en un nuevo socio quien mucho podrá aportar a los objetivos del canal y su programación reflejado en el slogan LO VAS A MIRAR TE VAS A VER.

Su trayectoria de mas de 20 años lo convierten en un profesional de suma experiencia.Sus trabajos se ven reflejados en contenidos de renombre tal el caso de Aldosivi es Nacional , Domenica Italiana. Un Sueño , Beuty TV , Moroko Diversión entre tantos otros.


Los eventos de fiestas regionales y domas son otros de los segmentos que cubre en forma constante reflejados en el programa Tierra Gaucha.
Felicitaciones por tus trabajos y bienvenido.

CAPRICA y la COOPERATIVA BATAN FIRMARON ACUERDO

Un acuerdo que beneficia a todos

C.A.P.R.I.C.A Cámara Argentina de Productores y Realizadores Independientes de Contenidos Audiovisuales Asociación Civil sin fines de lucro legitimada desde Marzo de 2011 de carácter Nacional con domicilio legal en Mar del Plata en calle Sagastizabal 7036, con personería jurídica Nº 180.797 Matrícula 36.867 y inscripta en AFIP-DGI con CUIT 30 – 711173667- 7  ha firmado un acuerdo de AFINIDAD  con la Cooperativa BATAN der Obras y Servicios Públicos Limitada

El ACUERDO permite a la Cooperativa insertar en su sitio web batan.tv la SEÑAL XFN. que tiene REGISTRADA CAPRICA cuyo CODIGO en ENACOM es : SE0AAA51A0000.

La Vigencia de este acuerdo es a partir del 01.08.2020 con un plazo: 6 (seis) meses renovable por 6 meses si las partes están de acuerdo.

Firmaron el convenio la Señora SCHANDELER, Miriam Julia como Presidente de la coperativa y el Señor JUAN CARLOS BLANCO presidente de CAPRICA

Los socios de la Cooperativa en forma permanente las 24 horas del día podrán observar una grilla de programación con contenidos que tienen aarraigo y están ligados a la historia de la ciudad en lo cultural ,social, educativo ,informativo y deportivo .

 

Esto se pudo realizar por las gestiones que esta llevando adelante de la Secretaria de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Económicas en la persona de Fernando Graña y su equipo el que viene trabajando desde hace muchos años en la relación de apoyo a entidades intermedias y del sector del trabajo de la ciudad y a quien nuestra entidad reconoce como uno de los gestores para la firma en su oportunidad del ACUERDO MARCO firmado entre la Universidad Nacional de Mar del Platas y CAPRICA.

Cuarto procesamiento para el empresario de medios K

El juez Galván Greenway consideró que aunque no figura en el directorio de la revista Veintitrés y el diario El Argentino, el empresario “tomaba las decisiones” en esas empresas.

El ex empresario de medios K Sergio Szpolskisumó dos nuevos procesamientos y embargos por $ 5,35 millones. En la última acción de 2018, el juez en lo Penal Económico Juan Galván Greenway lo procesó por evasión de aportes laborales en sus empresas que editaban la revista Veintitrés y el diario gratuito El Argentino.

Estos son los primeros procesamientos contra Szpolski por su manejo de los medios de comunicación del disuelto Grupo Veintitrés. Es que antes el juez Galván Greenway lo había procesado y embargado por otros $ 8,1 millones, pero fue por “retención indebida de aportes de la seguridad social” en la imprenta Poligráfica del Plata y la empresa Milione (asesoramiento de medios).

De hecho, en las causas por evasión de aportes en el diario Tiempo Argentino (Comunidad Virtual) y la revista 7Días (Manfla), el juez le había dictado “falta de mérito”, porque no pudo probar la relación entre Szpolski y sus medios de comunicación.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que Galván Greenway resolvió que el procesamiento del ex empresario de medios K sea, por ahora, “sin prisión efectiva”, pero con un embargo de $ 350.000, por la empresa Orleix, que editaba El Argentino fuera de la ciudad de Buenos Aires; y otro embargo de $ 5 millones por Manucorp, la empresa que era la dueña de la revista Veintitrés y que luego fue vendida al Grupo Crónica. Con estas maniobras perjudicó a decenas de periodistas y otros de sus empleados a los que no les hizo los aportes jubilatorios.

Estas son cuatro de las 18 causas judiciales en que se dividió la denuncia original contra el disuelto Grupo Veintitrés, que realizó el ex titular de la AFIP, Alberto Abad, en julio de 2016, y las continúa impulsando el actual titular Leandro Cuccioli.

El organismo reclama $ 163 millones, que habría evadido Szpolski en aportes de la seguridad social de más de 800 empleados, cuando estaba a cargo del Grupo Veintitrés (Tiempo Argentino, CN23, El Argentino, revista Veintitrés y Poligráfica del Plata, entre otros). Pero hasta ahora la Justicia lo embargó en $ 13,45 millones.

En su declaración ante la Justicia, Szpolski sostuvo que todas las deudas impositivas y previsionales, cuando estaba a cargo del Grupo Veintitrés, fueron “canjeadas por publicidad oficial”, en base a decretos presidenciales de Cristina Fernández de Kirchner.

Szpolski deslindó responsabilidades en cuanto a su implementación, ya que aseguró que esos canjes estaban en manos del área contable y administrativa de cada una de esas empresas, en las cuales Szpolski dijo que “no tenía participación”.

Según fuentes con acceso a la causa judicial, esa fue la parte más endeble de su defensa, ya que Szpolski tomaba “todas las decisiones” en su grupo de medios, “más allá de que había puesto a testaferros como supuestos responsables de cada una de sus empresas”, dijeron fuentes oficiales.

Procesaron al empresario Mariano Martínez Rojas por cortar la señal de Radio América

La evasión de aportes, que perjudicó a gran parte de los empleados del ya disuelto grupo de medios ultra K, tuvo dos metodologías: por un lado, las empresas presentaban la declaración jurada de sus empleados en relación de dependencia y retenían los aportes previsionales, pero luego no los depositaban. La segunda variante era que las sumas eran “ingresadas y/o regularizadas en un plan de facilidades de pago superado el plazo legal para ello”, según figuran en la denuncia de la AFIP.

Pese a ello, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) le destinaba a sus medios de comunicación cientos de millones de pesos en publicidad oficial. Por ejemplo, sólo durante el año 2015, la ANSeS le puso avisos por 105 millones de pesos a los diarios Tiempo Argentino y El Argentino, Radio América, FM Rock & Pop y cadena de noticias CN23, entre otros medios del Grupo Veintitrés; mientras que la Secretaría de Comunicación Pública le adjudicó otros 307 millones en publicidad oficial, convirtiéndose en el grupo que más publicidad oficial recibió en 2015, año en que Szpolski fue candidato a intendente de Tigre por el Frente para la Victoria.

Szpolski, candidato a intendente K de Tigre por el Frente para la Victoria, en las elecciones de 2015. En recorrida de campaña, con Aníbal Fernández y Martín Sabbatella.

Szpolski, candidato a intendente K de Tigre por el Frente para la Victoria, en las elecciones de 2015. En recorrida de campaña, con Aníbal Fernández y Martín Sabbatella.

Además de a Szpolski, el juez en lo Penal Económico también procesó a Roberto Flores por su participación en Manucorp (Veintitrés) y a José Alberto Angerossa por Orleix (El Argentino).

Roberto Flores es uno de los directivos que están más comprometidos en la evasión impositiva, ya que era una de las principales personas que firmaba los cheques de varias empresas del Grupo Veintitrés. Flores llegó a acumular con su firma 307 cheques impagos, en noviembre de 2014, por $ 10.319.000.

El juez Galván Greenway ya había procesado a Flores y Angerossa, junto a otras cinco personas que figuran en los directorios de empresas del Grupo Veintitrés: Juan Domínguez, Marcelo Orlandini, Ignacio Alejandro Conde, María Isabel Miralles y Facundo Romano, por su participación en la evasión impositiva de Comunidad Virtual (diario Tiempo Argentino), imprenta Poligráfica del Plata, Soluciones Logísticas (canal CN23), Orleix (El Argentino), Milke (revistas Newsweek, Forbes, Lonely Planet y Gallery) y Manfla (revista 7Días).

Desde abril de 2012, ya se alertaba que las empresas de Szpolski estaban a nombre de parientes y empleados, como su chofer y su secretaria Patricia Prinos, para evadir futuras responsabilidades penales. Por ejemplo, ya en ese entonces se informaba que el presidente del semanario Miradas al Sur era Ricardo Pace, el chofer de Szpolski que cobraba $ 4.500 en febrero de 2010, pese a que figuraba en los papeles como creador y presidente de Perio Mundo (Miradas al Sur), director suplente de Balkbrug (El Argentino) y presidente de Soluciones Logísticas (CN23). La secretaria de Szpolski, Patricia Prinos, también era directora en varias sociedades.

Fuente:Clarin

Medios australianos exigen a Google y Facebook 357 millones de euros por las noticias que publican

El presidente del grupo editorial más importante del país insta a los gigantes de internet a cumplir con el código de conducta establecido en Australia

Por: José María Sánchez
El uso de contenidos informativos por los servicios de internet, de nuevo foco de atención. Tras años de dimes y diretes, por fin se ha establecido el impacto económico en el país por culpa del uso de las informaciones de internet en sus servicios digitales. Un grupo de comunicación australiano cifró este jueves en 600 millones AUD (386 millones de dólares o 357 millones de euros) la cantidad que los gigantes tecnológicos como Google y Facebook deberían pagar cada año a los medios en Australia por las noticias que publican.

Aferrándose al código de conducta aprobado por el Gobierno australiano en abril, el presidente del grupo Nine Entertainment (propietario de «The Sydney Morning Herald» y «The Australian Financial Review») Peter Costello ha asegurado que Facebook y Google están obligados a abonar alrededor de unos 357 millones de euros a un fondo que se distribuirá entre todos los medios del país.

Australia ordenó el mes pasado al organismo oficial encargado de la competencia y consumo la creación de unas reglas de conducta obligatorio que incluyen el pago y el intercambio de los ingresos generados por la publicación de noticias por parte de sus plataformas de internet. Google y Facebook tributan alrededor del 10% de los ingresos que obtienen en el país y ha sido durante años motivo de disputa. Una situación que se ha repetido en otros países europeos como Francia o España, donde se han estudiando la creación de «tasas» específicas a estas empresas estadounidenses que por su posición global se aprovechan de la presión fiscal más relajada de algunos países para pagar menos impuestos.

Este código de conducta obligatorio, cuya elaboración estará a cargo de la Comisión Australiana de Competencia y Consumo (ACCC, siglas en inglés), también establece que los gigantes de internet deberán cubrir asuntos como el intercambio de datos, la clasificación y visualización de las noticias, el pago y el intercambio de los ingresos generados, indicó hace un mes en un comunicado el jefe de la oficina del Tesoro, Josh Frydemberg.

Costello ha asegurado que Google y Facebook deberían pagar el 10 % de los ingresos que obtienen por la publicación de las noticias producidas por los editores sin ser los autores del material periodístico que publican. «Creemos que Google y Facebook están generando unos ingresos publicitarios de unos 3.571 millones de euros en Australia y, aproximadamente, el 10% de esa cifra es el resultado del contenido de las noticias», defendió.

El borrador de este código está previsto que se publique a finales de julio para ser sometido a consultas antes de su entrada en vigor. Se trata de una reforma impulsada por la ACCC que quedó previamente plasmada en un informe final publicado en diciembre en donde se presenta el impacto de los buscadores de internet y las redes sociales en el mercado publicitario y de los medios de comunicación.

Un sector que ha sufrido un retroceso por la irrupción de estas empresas que, junto con Amazon, se reparten el pastel publicitario a nivel mundial. Este informe destacaba que las plataformas digitales en Australia concentraban hasta el 51% de la inversión publicitaria en 2017 tras doblar su participación en los cinco años anteriores a costa de las publicaciones impresas, que en el mismo periodo pasaron del 33 al 12 por ciento del gasto.

En Australia, Facebook es la principal red social con 17 millones de usuarios registrados, según algunas métricas, mientras que Instagram, propiedad de la misma empresa, acumula unos 11 millones de usuarios. Google, en cambio, gestiona el 90% del tráfico web. Una situación de posición que ha provocado una serie de investigaciones por posible monopolio por parte de la Comisión Europea.
Fuente: Diario ABC

La Unmdp firmó un convenio con una cámara del sector audiovisual para tener un “mejor periodismo”

Aseguran que la intención es trabajar con mayor profesionalismo, con el objetivo de otorgarle nuevas herramientas a los profesionales.

La Universidad Nacional de Mar del Plata firmó un convenio con la Cámara Argentina de Productores y Realizadores de Contenido Audiovisual que nuclea a los trabajadores que impulsan proyectos autogestionados con el fin de potenciar a ambas entidades.Juan Carlos Blanco, presidente de Caprica, y el rector de la Universidad Nacional Alfredo Lazzaretti le pusieron su firma al acuerdo que tuvo lugar en las oficinas del rectorado del complejo académico. En este sentido, el referente del organismo que nuclea a los trabajadores audiovisuales reconoció que este convenio “permite demostrarle a todo el país que Caprica hace las cosas bien y de manera prolija”.Asimismo, Blanco agregó que “la intención es tener un mejor periodismo y trabajar con mayor profesionalismo“, como asimismo otorgarle a la Universidad Nacional variadas herramientas para perfeccionar a cada uno de los profesionales. “Es la manera de defender a cada uno de los realizadores y productores”, conluyó.Por su parte, Lazzaretti destacó la apertura de las tecnicaturas dePeriodismo Digital y de Comunicación Audiovisual que tuvieron lugar a comienzos del ciclo lectivo, lo que representa el lugar que tienen los trabajadores audiovisuales en el establecimiento. “Es muy positivo este convenio porque creemos que quienes producen productos similares se junten para unirse y tener presencia”, manifestó.Desde la Universidad es fundamental apoyar a las pequeñas y medianas empresas del mundo audiovisual. Lo importante es generar crecimiento y desarrollo. Generar un polo audiovisual significa nuevos puestos de trabajo“, finalizó el rector.

ASAMBLEA ORDINARIA y ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

En la noche de este miércoles 18 de Julio en la ciudad de Mar del plata se realizaron la ASAMBLEA ORDINARIA para renovación de autoridades y la ASAMBLEA EXTRAORDINARIA siendo aprobado por unanimidad la modificación a nuestros estatutos y que a partir de la fecha son consideradas dos nuevas categorías la de socios los ADHERENTES y los INVITADOS que se agregan a las existentes HONORARIOS y ACTIVOS.

En un comunicado daremos los fundamentos que propuso la Comisión Directiva para ser tratado este importante tema.

Por otro lado también se aprobó por unanimidad reducir a 8 integrantes la COMISION DIRECTIVA

Presidente: Juan Carlos Blanco

  •         Vicepresidente: Walter Ricardo Wolfram
  •         Secretario: Fernanda Cecilia Zubeldia Bund
  •         Tesorero: Jorge Armando Topalian
  •         1º Vocal: Adrián Ladanaj
  •         2º Vocal: Félix Daniel Barone
  •         Vocal suplente: Francisco García
  •         2º Vocal Suplente: Valentín Cejas
  •         1º Revisor de Cuentas: Rubén Muñoz
  •         2º Revisor de Cuentas: Mauro Zamboni
  •         3º Revisor de Cuentas: Diego Cañete
  •         1º Revisor de Cuentas Suplentes: Marcelo Harotzarena