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Miércoles, noviembre 25, 2020

El derecho a la libertad de expresión en la era de las redes sociales

El proyecto del nuevo Código Penal prevé la figura de apropiación de identidad a través de medios informáticos. Suple así un vacío legal que existe hasta el día de hoy.

La aparición hace varios años de las redes sociales ha expandido la posibilidad de difundir las ideas a lo largo del mundo con una velocidad sorprendente. Y así como determinados sistemas evolucionan rápidamente, otros, con los cuales interactúa, parecen quedar estancos.

La tecnología avanza a pasos agigantados, mientras que el sistema legal lo hace de manera muy lenta. Esta situación no puede ser freno para los sistemas novedosos. El derecho no puede frenar a la tecnología. Es responsabilidad de los legisladores adecuar las leyes para que no se produzcan lo que conocemos como vacíos legales.

Muchas veces se producen choques entre las nuevas tecnologías y el viejo derecho. Por ejemplo: el marketing y los novedosos buscadores de hábitos de consumo invaden la intimidad. Los drones se entrometen en la vida privada de los ciudadanos y las redes sociales encuentran su límite en las reglas de la libertad de expresión.

Las redes sociales se han convertido en paraísos democráticos, espacios en los cuales millones de personas expresan sus ideas, casi sin control alguno.

La utilización de las redes sociales y la posibilidad de difundir ideas plantean un nuevo conflicto en cuanto a la necesidad de la intervención del derecho a los fines de regular ese uso, y más específicamente si es necesaria la ultima ratio, el derecho penal.

Existen infinidad de conversaciones, eso ha logrado internet, y ese modo de comunicación no puede ni debe ser controlado. Así lo entendió la Corte de los Estados Unidos de Norteamérica, en el fallo Reno Vs. ACLU: “El gobierno no puede a través de ningún medio interrumpir esa conversación mundial sin barreras”.

¿La expresión de la Corte “sin barreras” implica sin límites? ¿Hasta dónde puede llegar esa afirmación “sin barreras”? ¿Hasta dónde la libertad de expresión, en el contexto de las redes sociales, puede convivir con el sistema legal “sin barreras”? ¿Es necesario un límite? Y en ese caso, ¿cuál sería ese límite?

En Argentina la ley 26032, sobre servicios de internet, en su artículo primero establece: “La búsqueda, recepción y difusión de información e ideas de toda índole, a través del servicio de internet, se considera comprendido dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión”.

La libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido en múltiples instrumentos internacionales, entre ellos la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos incorporados a nuestra Constitución Nacional a través del artículo 75, inciso 22. Nuestra propia Carta Magna también protege ese derecho en sus artículos 14 y 32.

Toda persona tiene, conforme a esos instrumentos, derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma. Por lo tanto, las leyes que penalicen la expresión atentan contra ese derecho; y nadie podrá ser menoscabado de manifestar su propio pensamiento. Aquí quiero subrayar la expresión “propio pensamiento”. Porque las redes sociales han traído dificultades en cuanto el ejercicio de ese derecho.

Porque si bien es un derecho sumamente amplio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce que la libertad de pensamiento y expresión admite ciertas restricciones. Es decir, conductas que por ser abusivas del ejercicio del derecho de expresión pueden ser generadoras de responsabilidad.

En ese sentido, según el artículo 13.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la libertad de expresión debe asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás y a la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública.

Pero las nuevas herramientas de internet han complicado estas circunstancias. Porque las redes han posibilitado el anonimato, pero es un anonimato que a la vez no queda solo en el no conocimiento de quien se expresa; es un anónimo pero cuya rápida difusión puede lograr paradójicamente que su mensaje se propague y sea conocido por muchísimas personas y en muy poco tiempo.

Veamos la ecuación: mensaje anónimo y llegada a infinidad de personas en instantes. Entonces, alguien ocultando su identidad podría dañar la reputación de otro en tan solo segundos.

Pero la situación puede agravarse aún más si, además de esconder la identidad del emisor del mensaje, se escuda en una identidad ficticia a través de la cual simula ser una personalidad pública o de mucha llegada al público general. Bajo el anonimato las personas se animan a decir cosas que, desvelada su identidad, no lo harían.

Claramente las redes sociales permiten crear este tipo de identidades, a través de las cuales puede hacerse pasar por otro para que su opinión llegue a más personas. No es lo mismo emitir un tuit bajo la identidad Juan que hacerlo bajo la identidad Maradona.

Podría decirse que no hay nada malo en ello, pero cuando las opiniones emitidas bajo la identidad de otro perjudican al verdadero titular de la identidad, entonces el derecho debe poner un límite. Y entonces la pregunta es si esa intervención del derecho además justifica que sea penal o solo quedará en una intervención del derecho civil.

Es decir, es necesario llegar hasta la ultima ratio del derecho penal, o basta una mera sanción civil. La discusión está dada en qué ocurre en estos casos, en los cuales alguien anónimo y bajo el pretexto de querer que sus opiniones lleguen a más followers o seguidores, utiliza la identidad de otro; o tan solo lo hace con la intención de perjudicar a quien sustituye.

Este año, el senador Miguel Ángel Pichetto fue protagonista de una situación parecida. Alguien utilizó una cuenta de Twitter que podía confundirse con la del hoy candidato a vicepresidente (@SenadorPichetto), y bajo ese nombre expresó opiniones relacionadas con el aborto, causándole, a criterio del senador, un perjuicio. Es decir que en la actualidad no se trata de un tema que deba ser dejado en el ámbito de la libertad de expresión, sino que va más allá de ello, cruza un límite. Se generan perjuicios y es ahí cuando debe ingresar el derecho.

El proyecto del nuevo Código Penal prevé la tipificación de estas conductas, así, en su artículo 492 establece que se impondrá prisión de seis meses a dos años o seis a veinticuatro días-multa, al que a través de internet, redes sociales, cualquier sistema informático o medio de comunicación, adoptare, creare, se apropiare o utilizare la identidad de una persona física o jurídica que no le pertenezca, con la intención de cometer delito o causar un perjuicio a la persona cuya identidad se suplanta o terceros.

El artículo llena el vacío legal. Sin embargo, se genera una nueva dificultad y es que su figura requiere la intención de cometer delito o causar un perjuicio. Qué ocurre entonces cuando quien usurpa la identidad virtual lo hace solo con la intención de llegar a más personas sin querer causar perjuicio, pero el sustituido sí cree haber sido agraviado o perjudicado. Bien, en esos casos, será la jurisprudencia la que irá marcando el camino, y los límites a este tipo de expresiones.
*El autor es abogado, especialista en Derecho Penal. Secretario del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 4 de la Capital Federal

Por: Diego Arce*

Fuente: Infobae

Reabren el debate sobre Tecnología de la Información y Comunicación Audiovisual

La comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado retomará mañana la discusión sobre el proyecto de ley que modifica las leyes sobre Tecnología de la Información y las Comunicaciones y de Servicios de Comunicación Audiovisual.

A la audiencia prevista para las 15 en el anexo de la Cámara alta fueron convocados la titular del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Silvana Giudici, y representantes de la Asociación de Teledifusoras Argentina (ATA), la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC) y la Cámara Argentina de Internet (Cabase).

Además, estarán miembros de la Cámara de Productores de TV, de la Cámara Argentina de Cableoperadores Pymes y del Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos.

En el primer artículo de la iniciativa presentada por el senador nacional Alfredo Luenzo (PJ_Chubut), quien preside la comisión, se declara de interés público el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las comunicaciones, las Telecomunicaciones, y sus recursos asociados, estableciendo y garantizando la completa neutralidad de las redes.

El objetivo, explica, es “posibilitar el acceso de la totalidad de los habitantes de la Argentina a los servicios de la información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas, con los más altos parámetros de calidad”.

También aclara que la norma “es de orden público y excluye cualquier tipo de regulación de los contenidos, cualquiera fuere su medio de transmisión, a excepción de los contenidos difundidos por los servicios de radiodifusión por suscripción, por vínculo físico o radioeléctrico, resultándoles aplicable la regulación prevista a tal efecto en la Ley 26.522”.

La economía digital ya representa el 6,5% del PBI global y emplea a 100 millones de personas

Según un informe publicado por la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo entre los años 2010 y 2015 el comercio electrónico registró ventas por 25.300 millones de dólares, de los cuales el 90% corresponde a las operaciones entre empresas y 10% a las concretadas entre empresa y consumidores.

La producción de bienes y servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones a nivel global representa el 6,5% del Producto Bruto Interno mundial y emplea de forma “exclusiva” a 100 millones de personas, según datos difundidos hoy por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad).”La producción global de bienes y servicios TIC ahora asciende a un 6,5% de la cifra global del producto interno bruto (PBI), y unos 100 millones de personas se dedican exclusivamente al sector de los servicios TIC”, indicó la Unctad en el informe reporte económico 2017, publicado hoy en su web.

UNCTAD

@UNCTAD

: Information Economy Report 2017 – , and – now available to download. http://ow.ly/Y8oE30fA4wp 

65 personas están hablando de esto

Precisó que las exportaciones de los servicios TIC aumentaron 40% entre los años 2010 y 2015, el comercio electrónico registró ventas por 25.300 millones de dólares, de los cuales el 90% corresponde a las operaciones entre empresas y 10% a las concretadas entre empresa y consumidores.En dato llamativo es que el 7% de las ventas de la empresa al consumidor vía comercio electrónico corresponde a operaciones internacionales.

“Las ventas de robots están en el nivel más alto nivel mundial, los envíos mundiales de impresoras más que duplicado en 2016, a más de 450.000, y se espera que lleguen a 6,7 ​​millones en 2020”, precisó el informe.También adelantó que para el año 2019 se espera que “el volumen de tráfico global de Internet aumente 66 veces respecto del año 2005”.

SE POSTERGO EL APAGON ANALOGICO EN ARGENTINA

Vía el Decreto 173/2019, Mauricio Macri extendió el plazo establecido en el artículo 4° del Decreto N° 1148 del 31 de agosto de 2009 hasta el 31 de agosto de 2021. Además, transfirió a la órbita del Ente Nacional de Comunicaciones el Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre

Decreto-2019-173-APN-PTE – Disposiciones.
Ciudad de Buenos Aires, 07/03/2019
Visto el Expediente N° EX-2019-10144712-APN-SSGO#SFM, las Leyes Nº 26.522 y Nº 27.078 y sus modificatorias, los Decretos Nº 2456 del 11 de diciembre de 2014, N° 1148 del 31 de agosto de 2009, N° 364 del 15 de marzo de 2010, N° 1010 del 19 de julio de 2010 y N° 257 del 12 de abril de 2017, las Resoluciones N° 4954 del 14 de agosto de 2018 y N° 84 del 17 de septiembre de 2018 del Ente Nacional de Comunicaciones, y N° 217 del 8 de agosto de 2018 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, yConsiderando:
Que por el artículo 93 de la Ley Nº 26.522 se establece que el Poder Ejecutivo Nacional aprueba el Plan Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual Digitales, en el cual se fijarán las condiciones de emisión durante la transición a los servicios de radiodifusión digitales; debiéndose mantener los derechos y obligaciones de los titulares de licencias obtenidas por concurso público para servicios abiertos analógicos, garantizando su vigencia y área de cobertura, en tanto se encuentren operativos y hasta la fecha de finalización del proceso de transición tecnológica que al efecto establezca el Poder Ejecutivo Nacional.Que a través del Decreto Nº 1148 del 31 de agosto de 2009 se creó el Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre (SATVD-T), basado en el estándar denominado ISDB-T (Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial), el cual consiste en un conjunto de patrones tecnológicos a ser adoptados para la transmisión y recepción de señales digitales terrestres, radiodifusión de imágenes y sonido, estableciéndose un plazo de Diez (10) años a fin de realizar el proceso de transición de la televisión analógica a dicho sistema.Que, por otro lado, oportunamente, por el Decreto Nº 1010 del 19 de julio de 2010 se otorgó a Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado permiso para la instalación, funcionamiento y operación experimental de un sistema digital de distribución de señales a nivel nacional denominado Sistema Experimental de Televisión Abierta Digital.Que por la norma citada en el considerando precedente y en mérito a las razones allí explicitadas, se facultó provisoriamente a esa sociedad del estado a realizar transmisiones experimentales mediante la difusión de señales propias o de terceros, públicas o privadas, y a suscribir los convenios correspondientes con sus titulares registrados.

Que por el Decreto N° 267 del 29 de diciembre de 2015 se creó el Ente Nacional de Comunicaciones, organismo autárquico y descentralizado, como Autoridad de Aplicación de las Leyes N° 27.078 y N° 26.522, sus normas modificatorias y reglamentarias, asumiendo las funciones y competencias de la ex Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de la ex Autoridad Federal de Comunicaciones Audiovisual.

Que por otra parte, resulta pertinente señalar que el Jefe de Gabinete de Ministros tiene entre sus atribuciones las de entender en la formulación, ejecución y control de las políticas de comunicación social y de medios de comunicación social y en el lineamiento de las políticas referentes a Medios Públicos Nacionales y su instrumentación, así como la de supervisar el diseño y ejecución de políticas relativas a las telecomunicaciones y servicios de comunicación audiovisual.

Que, entre otras cuestiones, le corresponde a la Secretaría de Gobierno del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros entender en la administración, operación, desarrollo y explotación de los servicios de radiodifusión sonora y televisiva del Estado Nacional a nivel local e internacional, producir contenidos y difundir el conocimiento a través de los medios bajo su competencia, y producir y promover contenidos relacionados con el arte, la cultura, la educación y la ciencia, procurando llegar al público de todas las edades en todo el país.

Que además, es pertinente recordar que por el citado Decreto N° 1148 del 31 de agosto de 2009 se creó el Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre, en la órbita del entonces Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Que por la Resolución de la Jefatura de Gabinete de Ministros N° 217 del 8 de agosto de 2018 se dio por integrado el Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre (SATVD-T), con representantes de la Jefatura de Gabinete de Ministros, del MINISTERIO DE HACIENDA, del entonces Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos y de los ex MINISTERIOS DE MODERNIZACIÓN, DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA, DE PRODUCCIÓN, DE EDUCACIÓN, DE DESARROLLO SOCIAL, y DE CULTURA.

Que por el artículo 5º del Decreto Nº 364 del 15 de marzo de 2010 y sus modificatorios se asignaron determinadas facultades al Presidente del referido Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre.

Que por otra parte, mediante el Decreto N° 2456 del 11 de diciembre de 2014 se aprobó el Plan Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual Digitales.

Que el Ente Nacional de Comunicaciones, a través del dictado de la Resolución N° 4954 del 14 de agosto de 2018, inició el procedimiento de elaboración participativa de la norma referida a la “Modificación al Plan Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual Digitales aprobado por Decreto N° 2.456/14”, de conformidad con las previsiones del artículo 93 de la Ley N° 26.522.

Que posteriormente por la Resolución del Ente Nacional de Comunicaciones N° 84 del 17 de septiembre de 2018 se aprobó el proyecto de norma identificado como: “Modificación al Plan Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual Digitales aprobado por Decreto N° 2.456/14”, respecto del cual se recabaron opiniones en la audiencia pública celebrada con fecha 6 de noviembre de 2018.

Que en dicho marco normativo, y teniendo en cuenta el estado actual de implementación del proceso de transición de la televisión analógica al estándar digital adoptado en nuestro país se hace necesario prorrogar el plazo establecido en el artículo 4° del Decreto N° 1148/09, a los efectos de permitir el desarrollo de adecuadas políticas que incentiven la culminación exitosa de dicho proceso, garantizando el acceso de las audiencias a la televisión abierta y gratuita.

Que el proceso de transición al que se viene refiriendo exige la adopción de medidas que conjuguen la idoneidad técnica propia de la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 26.522 con la velocidad de los cambios tecnológicos, la realidad económica y la necesidad de proteger los intereses de las audiencias, lo que obliga a realizar replanteos del tema.

Que asimismo, las medidas que se adopten en dicho proceso deben responder a un análisis completo y transversal que vincule a la administración eficiente e inclusiva del espectro radioeléctrico con la protección de derechos de raigambre constitucional vinculados a los medios de comunicación audiovisual, tanto del sector público como del sector privado, atendiendo a las particularidades de cada uno de los servicios y áreas del país.

Que en tal sentido, la Secretaría de Contenidos Públicos dependiente de la Secretaría de Gobierno del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos entiende necesario extender el plazo establecido por el artículo 4° del Decreto N° 1148/09, a fin de realizar el proceso de transición de la televisión analógica al Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre (SATVD-T) basado en el estándar internacional denominado ISDB-T (Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial), en atención al estado de implementación de la instalación de plantas transmisoras y digitalización de las existentes, para la prestación del servicio de televisión digital abierta del sistema de televisión pública que administra Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado y su red de repetidoras.

Que refuerza la conclusión arribada el impacto que genera la implementación efectiva de la transición a modulación digital, en las audiencias, especialmente en las más vulnerables, en función de la situación técnica descripta respecto de la efectiva disponibilidad de receptores digitales.

Que, por su parte, el área con incumbencia específica del Ente Nacional de Comunicaciones también aconseja prorrogar el plazo previsto para la transición, puesto que el estado actual del sector indica que no podrá ser acompañado de un encendido digital en el que pueda asegurarse a las audiencias la recepción de los servicios a los que hoy acceden, en condiciones previamente verificadas por dicho organismo.

Que asimismo, por cuestiones operativas resulta conveniente reubicar en la órbita del Ente Nacional de Comunicaciones al Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre.

Que en la misma inteligencia corresponde habilitar al citado ente autárquico para dar por concluido parcialmente el proceso de transición de la televisión analógica al Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre (SATVD-T), a la luz de la experiencia y de los adelantos que se verifiquen en el sector y del grado de implementación del Sistema.

Que en otro orden, resulta pertinente dotar a Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado de las herramientas necesarias para adecuar las transmisiones experimentales mediante la difusión de señales de terceros en la grilla de canales que administra dicha Sociedad en el marco del Sistema Experimental de Televisión Abierta Digital, de conformidad con las disposiciones del Decreto N° 1010/10.

Que la demanda de incorporación al proceso experimental a cargo de Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado excede la oferta que puede ofrecer la citada entidad estatal, por lo que deviene necesario establecer mecanismos de selección para el otorgamiento de los permisos precarios a concederse.

Que en consecuencia corresponde establecer criterios de objetividad y transparencia en la administración de recursos radioeléctricos asignados para la prestación del servicio de televisión abierta y gratuita digital.

Que a tal efecto resulta pertinente la previa intervención técnica del Ente Nacional de Comunicaciones y de la Secretaría de Gobierno del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, tanto en la formulación de las condiciones respectivas como en la realización de los procesos de selección correspondientes.

Que en este orden de ideas y teniendo en consideración las particularidades del Sistema Experimental de Televisión Abierta Digital, es menester que el Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre, dada la representatividad transversal de su conformación, participe de manera activa en la determinación de las señales que serán incorporadas al referido Sistema.

Que por último, en atención a las competencias asignadas reseñadas precedentemente, resulta conveniente delegar en la Jefatura de Gabinete de Ministros la aprobación de la modificación al Plan Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual Digitales aprobado por Decreto N° 2456/14, que elaborará el Ente Nacional de Comunicaciones en cumplimiento de la Ley N° 26.522 y de conformidad con los procedimientos implementados de audiencia pública y elaboración participativa de normas, al amparo de las Resoluciones del citado Ente Nros. 4954/18 y 84/18.

Que han tomado intervención los servicios de asesoramiento jurídico permanente de las jurisdicciones involucradas.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2 de la Constitución Nacional y la Ley Nº 26.522.

Por ello,
El Presidente de la Nación Argentina
Decreta:
Artículo 1°.- Extiéndese el plazo establecido en el artículo 4° del Decreto N° 1148 del 31 de agosto de 2009 hasta el 31 de agosto de 2021.

Artículo 2°.- Transfiérese a la órbita del Ente Nacional de Comunicaciones al Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre, que será presidido por el funcionario a cargo de la Presidencia del Directorio de dicho Organismo.

El Presidente del Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre reglamentará su funcionamiento.

Artículo 3°.- El Ente Nacional de Comunicaciones podrá dar por concluido parcialmente el proceso de transición de la televisión analógica al Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre (SATVD-T), a la luz de la experiencia recabada, de los adelantos que se verifiquen en el sector y del grado de implementación del Sistema.

Artículo 4°.- Delégase en la Jefatura de Gabinete de Ministros la aprobación de la modificación al Plan Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual Digitales aprobado por Decreto N° 2.456/14, que elaborará el Ente Nacional de Comunicaciones en cumplimiento de la Ley N° 26.522 y de conformidad con los procedimientos implementados al efecto.

Dicha norma deberá ser dictada por lo menos Noventa (90) días corridos antes del vencimiento del plazo fijado en el artículo 1° del presente.

Artículo 5°.- Incorpórase como artículo 5° bis del Decreto Nº 1010 del 19 de julio de 2010, el siguiente:

Artículo 5° bis.- La suscripción de los convenios a que refiere el artículo 5º del presente deberá ser precedida de un sistema de selección ajustado a los siguientes lineamientos:

a. Transparencia y fijación de parámetros objetivos en la selección de señales.

b. Publicidad de los procesos.

c. Intervención técnica, previa y obligatoria del Ente Nacional de Comunicaciones en la elaboración de los reglamentos que rijan los procesos de selección referidos y evaluación de admisibilidad.

d. Intervención previa y obligatoria de la Secretaría de Gobierno del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos a fin de establecer los criterios para la selección de las señales.

El Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre, previa sustanciación de los procesos de selección por parte del Ente Nacional de Comunicaciones, determinará aquellas señales que habiendo cumplido los recaudos establecidos previamente, serán incorporadas al Sistema Experimental de Televisión Abierta Digital”.

Artículo 6°.- Los requisitos para la selección de las señales a las que se refiere el artículo 5° del presente serán aprobados en el plazo de Treinta (30) días contados desde el dictado del presente.

Artículo 7º.- Derógase el artículo 5° del Decreto N° 364 del 15 de marzo de 2010 y sus modificatorios.

Artículo 8°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Macri – Marcos Peña

LA TELEVISIÓN DIGITAL -VERSIÓN LOCAL- NO RESPETA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

Para ser más exacto, no respeta nada.

Y para brindar mayores precisiones al respecto debo, necesariamente, retroceder sobre algunas normas que rigen la actividad.

Condiciones específicas señaladas en las normas:

  1. Definición del vocablo “RADIODIFUSIÓN” del Ítem 2012, de la Ley 23.478 (1986), que refrenda al Reglamento Internacional de Radiocomunicaciones y al Convenio Internacional de Nairobi.

 

  1.  Dichas normas, por tratarse de los servicios considerados “primarios y esenciales” de radiodifusión (radio y televisión), adquieren, a partir de la reforma de nuestro máximo ordenamiento jurídico (1994), el rango constitucional, habida cuenta, que ha incorporado –como letra propia- a los convenios, pactos y acuerdos internacionales, que poseen natural inherencia con los servicios de comunicación social y, por ende, con los derechos de Libertad de Expresión e Información. 
  1. Ítem 2012 – Definición de Radiodifusión:

 

“Un servicio de radiocomunicaciones, cuyas transmisiones se destinan a ser recibidas directamente por   el público en general. Dicho servicio abarca emisiones sonoras, de televisión o de otro género” (UIT).

Si nos sumergimos en el Plexo normativo de la actividad aquí tratada, podremos advertir que lo dicho en el título de este artículo es absolutamente real; y para demostrarlo, en adelante se detallan los puntos observados y/o cuestionados:

Algunas consideraciones previas:

Los servicios de radiodifusión –según la definición de la UIT arriba citada-  deben ser abiertos, directos y gratuitosy deben ser recibidos por el Público en General; por lógica consecuencia, dichos servicios tienen atribuidas bandas radioeléctricas específicas, a efectos de poder cumplir con los fines intrínsecos del servicio primario del que se trata.

¿Qué dice la definición del servicio?…

 

 – dice: que las transmisiones de dicho servicio deben ser recibidas “directamente” por el “público en general”, y que esas dos condiciones deben ser cumplidas, tanto, “por emisiones sonoras, de televisión o de otro género”.

 

En la –versión local- del servicio de televisión digital, en  nuestro país existen dos propuestas: la Televisión Digital Abierta (TDA), de carácter estatal y la Televisión Digital Terrestre (TDT), de índole privada. Ambas incurren, en la actualidad y sin indicios de una futura corrección, en diversas irregularidades rayanas a la violación de las normas arriba citadas.

En primer término, diremos que la TDA estatal se encuentra ocupando cuatro (4) frecuencias radioeléctricas atribuidas a “radiodifusión”, a pesar de no cumplir con todas las condiciones establecidas en las normas, para el uso de dicha banda de frecuencias.

En segundo lugar, la “promoción de la TDA”, destaca solamente dos de las condiciones exigidas por la ley, ser: abierta y gratuita, pero nada dice sobre la obligada condición de poder ser recibida “directamente” por parte del “público en general”.

Evidentemente, estas condiciones no se cumplen, en principio, porque las señales que se incorporan a la TDA deben pasar sus emisiones –indefectiblemente- por los equipos transmisores, propiedad del Estado, con lo que ello significa en nuestro país. O sea, no es “televisión directa al público”, tal como lo dicta la ley.

Tampoco, cumple con la definición de los servicios que se encuentran destinados a ocupar esa banda de frecuencias, respecto a tener llegada “al público en general”, ya que para poder recibir la TDA, es necesario –aun siendo abierta y gratuita- poseer una aparatología adecuada, que no es fácil de adquirir –en este momento- por una enorme porción del segmento social de menor poder adquisitivo.

En el caso de la TDT privada y siempre que la administración del espectro radioeléctrico cumpla con la norma técnica vigente de asignar a “canal completo” (6 MHz. de ancho de banda – Resolución Nº 7, del 14-8-2013, de la SECOM) a cada pedido, quien podrá decidir qué hacer con su asignación: o hacer una única emisión a canal completo, aprovechando todas las nuevas tecnologías, o fraccionar el canal asignado en varias señales de relativa calidad digital, bajo su misma responsabilidad como titular.

Todo lo señalado, sin ahondar en otras irregularidades, como ser, que en el caso de la TDT privada, hasta el mismo ente regulador y administrador, en forma discrecional, decide quienes deben integrar los “consorcios de señales” de los licenciatarios. Además de ser una enorme injerencia del Estado en los asuntos privados de dichas empresas, no siempre las medidas que toma el organismo (para casos similares) van en la misma dirección, lo cual agudiza aún más la incertidumbre que tienen los potenciales y/o actuales licenciatarios o autorizados.

Edgardo Molo

Asesor Técnico Legal

Especialista en Radiodifusión

Periodista

 

¿Qué diferencia hay entre un canal y una señal?

El espacio de las ondas en el aire es limitado mientras que por un cable de fibra óptica se pueden transmitir cien veces más señales, por eso hay muchas señales de cable y pocos canales de aire y cada uno de ellos tiene una licencia del Estado con adjudicación firmada por el presidente de turno.

Las señales, sean de noticias como de películas, infantiles, de deportes, de auto, de agro, etc., al no ser licencias no están obligadas a los requisitos del ente regulador de telecomunicaciones, por ejemplo tener cierta cantidad de programación de ficción o de producción nacional o de productoras independientes, pero las señales de cable al mismo tiempo están limitadas en la cantidad de publicidad por hora: pueden emitir hasta 6 minutos de publicidad por hora y los canales de aire hasta 12 minutos, lo que guarda relación con la exigencia a estos últimos de tener una programación generalista y variada mucho más costosa que la de una sola temática. (Fuente www.perfil.com).

 
En la jerga televisiva se llama “señal” cuando se intenta distinguir el tipo de televisión del que se habla; por lo general, dicha distinción se establece para diferenciar las emisiones de TV Abierta al público en general (que se recibe mediante antena de techo) de aquellas “otras” que nos llegan a través de diversos operadores de TV onerosa o de distribución (TV por cable; TV Codificada por cable; TV Codificada por aire; la TDA (Televisión Digital Abierta) que distribuye el Estado o la TVD (Televisión Digital Terrestre), de índole privada, distribuida por sus “licenciatarios operadores”.
 
Es decir, “señales” son aquellas que no llegan a través de las antenas de los techos, puesto, que son servicios que se obtienen por demanda, y por lo tanto, onerosas. La TDA estatal, se puede recibir con una especial antena de techo, y es abierta y gratuita, pero, las señales emitidas por dicho sistema dependen de los transmisores propiedad de los gobiernos de turno, no son independientes. Este solo detalle viola los Principios de Libertad de Expresión y de Información, consagrados por nuestra Constitución Nacional.
Hasta aquí una breve descripción de las sensibles diferencias que caracterizan a dichos servicios. Justamente, en esas pequeñas cuestiones –aparentemente inocentes- se esconde el verdadero peligro de que se intente el “cierre total” de los únicos servicios de “televisión abierta, directa y gratuita” destinada al público en general.
 
Debemos saber, que históricamente, existen determinadas frecuencias (canales) en el espectro radioeléctrico que permite la difusión de múltiples señales de comunicaciones, entre las que se encuentran las citadas de TV Abierta; la Televisión Digital Abierta, estatal; la TV Codificada de aire privada y las telecomunicaciones (TIC). Pues bien, para su utilización primaria, por parte de los servicios de televisión abierta –internacionalmente- se atribuyeron bandas muy bien especificadas en el Reglamento Internacional de Radiocomunicaciones (RR) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), que rige en nuestro país a partir de la Ley N° 23.478 (1986), por la cual se adhirió al Convenio Internacional de Nairobi (1982) –hoy- de rango constitucional.
 
A pesar de todo lo dicho, las diversas gestiones gubernamentales habidas desde entonces, se han dedicado, sin prisa y sin pausa, a diezmar únicamente las frecuencias destinadas a los servicios de televisión abierta, directa y gratuita (radiodifusión de televisión), adjudicándolas a la explotación de servicios cerrados (onerosos: TV Codificada de aire); al propio Estado, los canales en los que actualmente opera la TDA; a las telecomunicaciones (telefonía celular y otros), y a la TDT privada que puede armar consorcios de subarrendatarios. O sea, todo para el Estado y/o para los grandes empresarios y nada para los servicios destinados al público en general, como lo marcan las normas vigentes.
Profundizar más en este tema sería como redactar el “Manual de instrucciones” que los funcionarios del sector jamás leyeron, cosa, que ya sería tarde, después de todo lo mal hecho; pero, son los contribuyentes, es la gente, es el público en general quien en realidad y como siempre resulta perjudicado por “la mala praxis”.
 
Para que no se piense que esta postura está en contra de las nuevas tecnologías, aclaro que no es así, sino, que por el contrario lo expuesto debe servir para llamar a una cordura administrativa más ecuánime, menos arbitraria y/o discriminatoria; que le otorgue similar importancia a los distintos servicios para que ninguno deba dejar de existir para dar paso –exclusivamente- a los servicios onerosos o de imposible acceso para el segmento de menores recursos, siempre pensando en el antiguo precepto de la administración pública, que señala:
 
“No se deben dictar medidas que beneficien a unos pocos, en perjuicio de muchos”.
 
Edgardo Molo
Asesor Técnico Legal
Especialista en Radiodifusión
Periodista