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Martes, octubre 20, 2020

¿Qué diferencia hay entre un canal y una señal?

El espacio de las ondas en el aire es limitado mientras que por un cable de fibra óptica se pueden transmitir cien veces más señales, por eso hay muchas señales de cable y pocos canales de aire y cada uno de ellos tiene una licencia del Estado con adjudicación firmada por el presidente de turno.

Las señales, sean de noticias como de películas, infantiles, de deportes, de auto, de agro, etc., al no ser licencias no están obligadas a los requisitos del ente regulador de telecomunicaciones, por ejemplo tener cierta cantidad de programación de ficción o de producción nacional o de productoras independientes, pero las señales de cable al mismo tiempo están limitadas en la cantidad de publicidad por hora: pueden emitir hasta 6 minutos de publicidad por hora y los canales de aire hasta 12 minutos, lo que guarda relación con la exigencia a estos últimos de tener una programación generalista y variada mucho más costosa que la de una sola temática. (Fuente www.perfil.com).

 
En la jerga televisiva se llama “señal” cuando se intenta distinguir el tipo de televisión del que se habla; por lo general, dicha distinción se establece para diferenciar las emisiones de TV Abierta al público en general (que se recibe mediante antena de techo) de aquellas “otras” que nos llegan a través de diversos operadores de TV onerosa o de distribución (TV por cable; TV Codificada por cable; TV Codificada por aire; la TDA (Televisión Digital Abierta) que distribuye el Estado o la TVD (Televisión Digital Terrestre), de índole privada, distribuida por sus “licenciatarios operadores”.
 
Es decir, “señales” son aquellas que no llegan a través de las antenas de los techos, puesto, que son servicios que se obtienen por demanda, y por lo tanto, onerosas. La TDA estatal, se puede recibir con una especial antena de techo, y es abierta y gratuita, pero, las señales emitidas por dicho sistema dependen de los transmisores propiedad de los gobiernos de turno, no son independientes. Este solo detalle viola los Principios de Libertad de Expresión y de Información, consagrados por nuestra Constitución Nacional.
Hasta aquí una breve descripción de las sensibles diferencias que caracterizan a dichos servicios. Justamente, en esas pequeñas cuestiones –aparentemente inocentes- se esconde el verdadero peligro de que se intente el “cierre total” de los únicos servicios de “televisión abierta, directa y gratuita” destinada al público en general.
 
Debemos saber, que históricamente, existen determinadas frecuencias (canales) en el espectro radioeléctrico que permite la difusión de múltiples señales de comunicaciones, entre las que se encuentran las citadas de TV Abierta; la Televisión Digital Abierta, estatal; la TV Codificada de aire privada y las telecomunicaciones (TIC). Pues bien, para su utilización primaria, por parte de los servicios de televisión abierta –internacionalmente- se atribuyeron bandas muy bien especificadas en el Reglamento Internacional de Radiocomunicaciones (RR) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), que rige en nuestro país a partir de la Ley N° 23.478 (1986), por la cual se adhirió al Convenio Internacional de Nairobi (1982) –hoy- de rango constitucional.
 
A pesar de todo lo dicho, las diversas gestiones gubernamentales habidas desde entonces, se han dedicado, sin prisa y sin pausa, a diezmar únicamente las frecuencias destinadas a los servicios de televisión abierta, directa y gratuita (radiodifusión de televisión), adjudicándolas a la explotación de servicios cerrados (onerosos: TV Codificada de aire); al propio Estado, los canales en los que actualmente opera la TDA; a las telecomunicaciones (telefonía celular y otros), y a la TDT privada que puede armar consorcios de subarrendatarios. O sea, todo para el Estado y/o para los grandes empresarios y nada para los servicios destinados al público en general, como lo marcan las normas vigentes.
Profundizar más en este tema sería como redactar el “Manual de instrucciones” que los funcionarios del sector jamás leyeron, cosa, que ya sería tarde, después de todo lo mal hecho; pero, son los contribuyentes, es la gente, es el público en general quien en realidad y como siempre resulta perjudicado por “la mala praxis”.
 
Para que no se piense que esta postura está en contra de las nuevas tecnologías, aclaro que no es así, sino, que por el contrario lo expuesto debe servir para llamar a una cordura administrativa más ecuánime, menos arbitraria y/o discriminatoria; que le otorgue similar importancia a los distintos servicios para que ninguno deba dejar de existir para dar paso –exclusivamente- a los servicios onerosos o de imposible acceso para el segmento de menores recursos, siempre pensando en el antiguo precepto de la administración pública, que señala:
 
“No se deben dictar medidas que beneficien a unos pocos, en perjuicio de muchos”.
 
Edgardo Molo
Asesor Técnico Legal
Especialista en Radiodifusión
Periodista

El derecho a la libertad de expresión en la era de las redes sociales

El proyecto del nuevo Código Penal prevé la figura de apropiación de identidad a través de medios informáticos. Suple así un vacío legal que existe hasta el día de hoy.

La aparición hace varios años de las redes sociales ha expandido la posibilidad de difundir las ideas a lo largo del mundo con una velocidad sorprendente. Y así como determinados sistemas evolucionan rápidamente, otros, con los cuales interactúa, parecen quedar estancos.

La tecnología avanza a pasos agigantados, mientras que el sistema legal lo hace de manera muy lenta. Esta situación no puede ser freno para los sistemas novedosos. El derecho no puede frenar a la tecnología. Es responsabilidad de los legisladores adecuar las leyes para que no se produzcan lo que conocemos como vacíos legales.

Muchas veces se producen choques entre las nuevas tecnologías y el viejo derecho. Por ejemplo: el marketing y los novedosos buscadores de hábitos de consumo invaden la intimidad. Los drones se entrometen en la vida privada de los ciudadanos y las redes sociales encuentran su límite en las reglas de la libertad de expresión.

Las redes sociales se han convertido en paraísos democráticos, espacios en los cuales millones de personas expresan sus ideas, casi sin control alguno.

La utilización de las redes sociales y la posibilidad de difundir ideas plantean un nuevo conflicto en cuanto a la necesidad de la intervención del derecho a los fines de regular ese uso, y más específicamente si es necesaria la ultima ratio, el derecho penal.

Existen infinidad de conversaciones, eso ha logrado internet, y ese modo de comunicación no puede ni debe ser controlado. Así lo entendió la Corte de los Estados Unidos de Norteamérica, en el fallo Reno Vs. ACLU: “El gobierno no puede a través de ningún medio interrumpir esa conversación mundial sin barreras”.

¿La expresión de la Corte “sin barreras” implica sin límites? ¿Hasta dónde puede llegar esa afirmación “sin barreras”? ¿Hasta dónde la libertad de expresión, en el contexto de las redes sociales, puede convivir con el sistema legal “sin barreras”? ¿Es necesario un límite? Y en ese caso, ¿cuál sería ese límite?

En Argentina la ley 26032, sobre servicios de internet, en su artículo primero establece: “La búsqueda, recepción y difusión de información e ideas de toda índole, a través del servicio de internet, se considera comprendido dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión”.

La libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido en múltiples instrumentos internacionales, entre ellos la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos incorporados a nuestra Constitución Nacional a través del artículo 75, inciso 22. Nuestra propia Carta Magna también protege ese derecho en sus artículos 14 y 32.

Toda persona tiene, conforme a esos instrumentos, derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma. Por lo tanto, las leyes que penalicen la expresión atentan contra ese derecho; y nadie podrá ser menoscabado de manifestar su propio pensamiento. Aquí quiero subrayar la expresión “propio pensamiento”. Porque las redes sociales han traído dificultades en cuanto el ejercicio de ese derecho.

Porque si bien es un derecho sumamente amplio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce que la libertad de pensamiento y expresión admite ciertas restricciones. Es decir, conductas que por ser abusivas del ejercicio del derecho de expresión pueden ser generadoras de responsabilidad.

En ese sentido, según el artículo 13.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la libertad de expresión debe asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás y a la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública.

Pero las nuevas herramientas de internet han complicado estas circunstancias. Porque las redes han posibilitado el anonimato, pero es un anonimato que a la vez no queda solo en el no conocimiento de quien se expresa; es un anónimo pero cuya rápida difusión puede lograr paradójicamente que su mensaje se propague y sea conocido por muchísimas personas y en muy poco tiempo.

Veamos la ecuación: mensaje anónimo y llegada a infinidad de personas en instantes. Entonces, alguien ocultando su identidad podría dañar la reputación de otro en tan solo segundos.

Pero la situación puede agravarse aún más si, además de esconder la identidad del emisor del mensaje, se escuda en una identidad ficticia a través de la cual simula ser una personalidad pública o de mucha llegada al público general. Bajo el anonimato las personas se animan a decir cosas que, desvelada su identidad, no lo harían.

Claramente las redes sociales permiten crear este tipo de identidades, a través de las cuales puede hacerse pasar por otro para que su opinión llegue a más personas. No es lo mismo emitir un tuit bajo la identidad Juan que hacerlo bajo la identidad Maradona.

Podría decirse que no hay nada malo en ello, pero cuando las opiniones emitidas bajo la identidad de otro perjudican al verdadero titular de la identidad, entonces el derecho debe poner un límite. Y entonces la pregunta es si esa intervención del derecho además justifica que sea penal o solo quedará en una intervención del derecho civil.

Es decir, es necesario llegar hasta la ultima ratio del derecho penal, o basta una mera sanción civil. La discusión está dada en qué ocurre en estos casos, en los cuales alguien anónimo y bajo el pretexto de querer que sus opiniones lleguen a más followers o seguidores, utiliza la identidad de otro; o tan solo lo hace con la intención de perjudicar a quien sustituye.

Este año, el senador Miguel Ángel Pichetto fue protagonista de una situación parecida. Alguien utilizó una cuenta de Twitter que podía confundirse con la del hoy candidato a vicepresidente (@SenadorPichetto), y bajo ese nombre expresó opiniones relacionadas con el aborto, causándole, a criterio del senador, un perjuicio. Es decir que en la actualidad no se trata de un tema que deba ser dejado en el ámbito de la libertad de expresión, sino que va más allá de ello, cruza un límite. Se generan perjuicios y es ahí cuando debe ingresar el derecho.

El proyecto del nuevo Código Penal prevé la tipificación de estas conductas, así, en su artículo 492 establece que se impondrá prisión de seis meses a dos años o seis a veinticuatro días-multa, al que a través de internet, redes sociales, cualquier sistema informático o medio de comunicación, adoptare, creare, se apropiare o utilizare la identidad de una persona física o jurídica que no le pertenezca, con la intención de cometer delito o causar un perjuicio a la persona cuya identidad se suplanta o terceros.

El artículo llena el vacío legal. Sin embargo, se genera una nueva dificultad y es que su figura requiere la intención de cometer delito o causar un perjuicio. Qué ocurre entonces cuando quien usurpa la identidad virtual lo hace solo con la intención de llegar a más personas sin querer causar perjuicio, pero el sustituido sí cree haber sido agraviado o perjudicado. Bien, en esos casos, será la jurisprudencia la que irá marcando el camino, y los límites a este tipo de expresiones.
*El autor es abogado, especialista en Derecho Penal. Secretario del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 4 de la Capital Federal

Por: Diego Arce*

Fuente: Infobae

Tras la reunión con Alberto Fernández, Slim espera que Clarín libere espectro y abran subastas para 5G

Este es un pedido que puede complicar el esquema de poder del presidente electo por su relación estrecha con el CEO de Clarín , Héctor Magnetto

Alberto Fernández dejó en Carlos Slim la misma impresión que en gran parte de sus interlocutores en su gira por México: superficialidad. Así lo compartió el hombre más rico del país con sus principales directivos. En la reunión del pasado lunes (a la que Slim acudió con la encomienda del Vaticano) Fernández emitió sus conceptos generales sobre la economía argentina, la región y la desastrosa herencia que recibe. Slim en cambio fue cristalino en lo que espera del nuevo gobierno peronista a través de su filial Claro. De ahí que el martes Fernández estuvo declarando que el mercado de telecomunicaciones argentino está demasiado concentrado.

El Grupo Clarín, el actor líder en Argentina en materia de contenidos y telecom, compró años atrás una empresa de telefonía llamada Nextel cuyo espectro luego se reconvirtió al segmento de telefonía móvil. Luego llegaría la fusión con Telecom, cuyo titular es el financiero regiomontano David Martínez.

Consecuencia de esos dos movimientos Clarín excede los límites de espectro establecidos y tiene que sacar al mercado parte del mismo. Slim quiere que ese movimiento se de con un cronograma definido. En Argentina las cuotas de espectro para telefonía celular son limitadas. Si Clarín no vende, Claro, que es la empresa de Slim, no tiene donde crecer.

De este modo, el presidente electo queda en medio del fuego cruzado. Tiene una relación estrecha con el CEO de Clarín , Héctor Magnetto y en paralelo podría encontrar en Slim a un contrapeso de utilidad para la hegemonía que tiene Clarín.

A pesar de las turbulencias de la economía argentina, Claro sigue siendo un negocio rentable para Slim. Tiene aproximadamente 25 millones de usuarios y el año pasado ganó casi 500 millones de dólares.

Para agregar emoción a la trama, Slim y David Martínez tienen buena relación con Cristina Kirchner, su vicepresidente con quien se espera tenga una relación compleja. Kirchner sería el ala más radicalizada del gobierno que Fernández quiere encabezar.

Slim tiene dos intereses adicionales al espectro. Por un lado la posibilidad de ofrecer televisión satelital, que en Argentina es un monopolio de Direct TV (AT&T) y por el otro las licitaciones de 5G, donde espera que no haya favoritismos por Clarín.

El sector “está un poco concentrado hoy en día”
Un dato para tener en cuenta fueron las declaraciones del presidente electo a la salida de su reunión con Slim, que si bien cuenta con múltiples inversiones en Argentina sin dudas la más relevante es Claro. Allí, además de asegurar que no habrá que esperar cambios bruscos de reglas (lo que no es poco), Fernández se mostró a favor del camino de la apertura y la competencia en materia de telecomunicaciones, y hasta dio una señal que algunos interpretan como la posibilidad de que las telcos puedan dar servicios de TV satelital cuando dijo que “todo lo que signifique mayor oferta en materia de transmisión de imágenes, telefonía, todo lo que sea ampliar la oferta es muy bueno; eso está un poco concentrado hoy en día”. Conociendo el poder político de los operadores de servicios de TV paga de todo tamaño, parece una ilusión más que una realidad. No obstante, la mención a la concentración puede referirse no sólo a la distribución sino también a las condiciones de acceso a los derechos de retransmisión. Por supuesto, también es importante para Claro extender la cobertura de su red de fibra óptica. Pero de eso no hubo mención específica. ¿Se profundizarán las medidas para incentivar la compartición de infraestructura y la facilitación de despliegues de red? Por ahora, no hay respuesta.
Fuentes: LPO México y Carrier y Asociados

LA TELEVISIÓN DIGITAL -VERSIÓN LOCAL- NO RESPETA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

Para ser más exacto, no respeta nada.

Y para brindar mayores precisiones al respecto debo, necesariamente, retroceder sobre algunas normas que rigen la actividad.

Condiciones específicas señaladas en las normas:

  1. Definición del vocablo “RADIODIFUSIÓN” del Ítem 2012, de la Ley 23.478 (1986), que refrenda al Reglamento Internacional de Radiocomunicaciones y al Convenio Internacional de Nairobi.

 

  1.  Dichas normas, por tratarse de los servicios considerados “primarios y esenciales” de radiodifusión (radio y televisión), adquieren, a partir de la reforma de nuestro máximo ordenamiento jurídico (1994), el rango constitucional, habida cuenta, que ha incorporado –como letra propia- a los convenios, pactos y acuerdos internacionales, que poseen natural inherencia con los servicios de comunicación social y, por ende, con los derechos de Libertad de Expresión e Información. 
  1. Ítem 2012 – Definición de Radiodifusión:

 

“Un servicio de radiocomunicaciones, cuyas transmisiones se destinan a ser recibidas directamente por   el público en general. Dicho servicio abarca emisiones sonoras, de televisión o de otro género” (UIT).

Si nos sumergimos en el Plexo normativo de la actividad aquí tratada, podremos advertir que lo dicho en el título de este artículo es absolutamente real; y para demostrarlo, en adelante se detallan los puntos observados y/o cuestionados:

Algunas consideraciones previas:

Los servicios de radiodifusión –según la definición de la UIT arriba citada-  deben ser abiertos, directos y gratuitosy deben ser recibidos por el Público en General; por lógica consecuencia, dichos servicios tienen atribuidas bandas radioeléctricas específicas, a efectos de poder cumplir con los fines intrínsecos del servicio primario del que se trata.

¿Qué dice la definición del servicio?…

 

 – dice: que las transmisiones de dicho servicio deben ser recibidas “directamente” por el “público en general”, y que esas dos condiciones deben ser cumplidas, tanto, “por emisiones sonoras, de televisión o de otro género”.

 

En la –versión local- del servicio de televisión digital, en  nuestro país existen dos propuestas: la Televisión Digital Abierta (TDA), de carácter estatal y la Televisión Digital Terrestre (TDT), de índole privada. Ambas incurren, en la actualidad y sin indicios de una futura corrección, en diversas irregularidades rayanas a la violación de las normas arriba citadas.

En primer término, diremos que la TDA estatal se encuentra ocupando cuatro (4) frecuencias radioeléctricas atribuidas a “radiodifusión”, a pesar de no cumplir con todas las condiciones establecidas en las normas, para el uso de dicha banda de frecuencias.

En segundo lugar, la “promoción de la TDA”, destaca solamente dos de las condiciones exigidas por la ley, ser: abierta y gratuita, pero nada dice sobre la obligada condición de poder ser recibida “directamente” por parte del “público en general”.

Evidentemente, estas condiciones no se cumplen, en principio, porque las señales que se incorporan a la TDA deben pasar sus emisiones –indefectiblemente- por los equipos transmisores, propiedad del Estado, con lo que ello significa en nuestro país. O sea, no es “televisión directa al público”, tal como lo dicta la ley.

Tampoco, cumple con la definición de los servicios que se encuentran destinados a ocupar esa banda de frecuencias, respecto a tener llegada “al público en general”, ya que para poder recibir la TDA, es necesario –aun siendo abierta y gratuita- poseer una aparatología adecuada, que no es fácil de adquirir –en este momento- por una enorme porción del segmento social de menor poder adquisitivo.

En el caso de la TDT privada y siempre que la administración del espectro radioeléctrico cumpla con la norma técnica vigente de asignar a “canal completo” (6 MHz. de ancho de banda – Resolución Nº 7, del 14-8-2013, de la SECOM) a cada pedido, quien podrá decidir qué hacer con su asignación: o hacer una única emisión a canal completo, aprovechando todas las nuevas tecnologías, o fraccionar el canal asignado en varias señales de relativa calidad digital, bajo su misma responsabilidad como titular.

Todo lo señalado, sin ahondar en otras irregularidades, como ser, que en el caso de la TDT privada, hasta el mismo ente regulador y administrador, en forma discrecional, decide quienes deben integrar los “consorcios de señales” de los licenciatarios. Además de ser una enorme injerencia del Estado en los asuntos privados de dichas empresas, no siempre las medidas que toma el organismo (para casos similares) van en la misma dirección, lo cual agudiza aún más la incertidumbre que tienen los potenciales y/o actuales licenciatarios o autorizados.

Edgardo Molo

Asesor Técnico Legal

Especialista en Radiodifusión

Periodista

 

La economía digital ya representa el 6,5% del PBI global y emplea a 100 millones de personas

Según un informe publicado por la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo entre los años 2010 y 2015 el comercio electrónico registró ventas por 25.300 millones de dólares, de los cuales el 90% corresponde a las operaciones entre empresas y 10% a las concretadas entre empresa y consumidores.

La producción de bienes y servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones a nivel global representa el 6,5% del Producto Bruto Interno mundial y emplea de forma “exclusiva” a 100 millones de personas, según datos difundidos hoy por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad).”La producción global de bienes y servicios TIC ahora asciende a un 6,5% de la cifra global del producto interno bruto (PBI), y unos 100 millones de personas se dedican exclusivamente al sector de los servicios TIC”, indicó la Unctad en el informe reporte económico 2017, publicado hoy en su web.

UNCTAD

@UNCTAD

: Information Economy Report 2017 – , and – now available to download. http://ow.ly/Y8oE30fA4wp 

65 personas están hablando de esto

Precisó que las exportaciones de los servicios TIC aumentaron 40% entre los años 2010 y 2015, el comercio electrónico registró ventas por 25.300 millones de dólares, de los cuales el 90% corresponde a las operaciones entre empresas y 10% a las concretadas entre empresa y consumidores.En dato llamativo es que el 7% de las ventas de la empresa al consumidor vía comercio electrónico corresponde a operaciones internacionales.

“Las ventas de robots están en el nivel más alto nivel mundial, los envíos mundiales de impresoras más que duplicado en 2016, a más de 450.000, y se espera que lleguen a 6,7 ​​millones en 2020”, precisó el informe.También adelantó que para el año 2019 se espera que “el volumen de tráfico global de Internet aumente 66 veces respecto del año 2005”.

VTR de Chile tiene la Internet más rápida de Sudamérica

Las argentinas Telecentro y Cablevisión están en el sexto y séptimo lugar

VTR, operador del grupo Liberty Latin America que ofrece triple play en Chile, presentó la mayor velocidad de banda ancha en la medición realizada por el Barómetro de las Conexiones a Internet Fijas en Sudamérica, que contempló diez países del Cono Sur en 2018.
La medición empleó 5,43 millones de tests de velocidad de Internet entre los proveedores de servicios más grandes de Sudamérica. Allí, VTR presentó una velocidad media de descarga de 58 Mbps superando la media de sus competidores.

 

En segundo lugar, aparece NET de Brasil con una velocidad media de 37,27 Mbps, seguida por Mundo Pacífico (37,16 Mbps) y Antel Uruguay (35,05 Mbps). El quinto operador con mayor velocidad media fue Vivo (Telefónica) en Brasil con 33,7 Mbps; por debajo aparece Telecentro de Argentina con 28,51 Mbps, y Cablevisión de Argentina con una media de 24,84 Mbps.

Guillermo Ponce, gerente general de VTR, señaló: ‘Estamos orgullosos de ser elegidos la banda ancha más rápida de Sudamérica. Esto es el fruto del trabajo que hacemos día a día en VTR, para entregar la mayor conectividad, junto a la mejor experiencia wifi para nuestros clientes’.

Además de Chile, participaron del Barómetro Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador y Venezuela. Los resultados obtenidos fueron verificados de manera automática y manual.

Fuente: Prensario