En la Defensoría del Público los derechos de las audiencias ya no cuentan como prioridad

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Santiago Marino, Doctor en Ciencias Sociales, Magíster en Comunicación y Cultura y Licenciado en Ciencias de la Comunicación fue convocado en 2018 por sus antecedentes para ocupar un puesto en la Defensoría del Público. En los últimos tiempos recibió hostigamiento y persecución por parte de un empleado de presidencia de la Nación. Desde el pasado 30 de junio, presentó su renuncia y publicó el siguiente descargo en Facebook

A partir del día 30 de junio dejé de ser Director de Análisis, Investigación y Monitoreo (DAIM) de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Quedé desde el 19 de junio a entera disposición del Interventor, abogado Emilio Alonso, y de la Directora General de Planificación Estratégica e Investigación, Lic. Mariana Cintia Cabral, para acompañar y desarrollar una transición ordenada y en el marco de respeto personal y profesional con quienes entendieran ostentare los atributos profesionales para desempeñar las tareas a mi cargo. Decidieron dejar ese puesto quede vacante. Me iban a renovar por un mes.En mayo de 2018 fui convocado por los entonces Directores de Protección de Derechos (Dra María José Guembe, con firma delegada a su cargo por la Comisión Bicameral) y de Capacitación y Comunicación (Ernesto Lamas) por mis antecedentes en el campo académico en general y mis trabajos sobre el Espacio Audiovisual Ampliado en particular para aportar desde la Investigación a la defensa de los derechos de las audiencias.

Luego de que la Dirección de Personal del organismo evaluara mi CV y aptitudes, constatara que cumplía con los requisitos de formación y antecedentes que el cargo requiere y recomendara -junto a la Dirección de Legal y Técnica- mi designación como Director de Análisis, Investigación y Monitoreo por el lapso de un año, comencé a trabajar en julio de 2018 con compromiso y dedicación en un organismo creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2009. Y que a pesar de los avatares por los que atravesó dicha ley –declarada Constitucional en 2013 por la Corte Suprema en el marco del litigio iniciado por el Grupo Clarín- es un ejemplo muy difícil de equiparar en el desarrollo de marcos institucionales para la defensa de la libertad de expresión en el país.
A mi llegada elaboré un diagnóstico del estado de situación de la Dirección que estaría a mi cargo. Analicé cada línea de acción y conocí de primera mano las tareas que el colectivo lleva adelante desde hace varios años, el valor de sus integrantes –a quienes entrevisté personalmente para conocer sus intereses, necesidades y demandas- y las proyecciones a futuro.

Luego, diseñé y presenté un Plan de Acción con líneas específicas para la DAIM como así también proyectos de trabajos inter- direcciones. Esto fue posible, además, por el compromiso y el vínculo con el trabajo del conjunto de Directoras y Directores del organismo y de cada uno de los trabajadores y trabajadoras que forman parte de la Defensoría.

Durante los primeros tres meses (hasta finales de setiembre de 2018) me integré de modo honesto y cordial al colectivo de Directoras y Directoras que coordinaban la gestión de un organismo que estaba acéfalo desde el cumplimiento del mandato de la Defensora Cynthia Ottaviano, en diciembre de 2016. Y que a pesar de esta debilidad institucional había garantizado la continuidad de su trabajo, el vínculo con las audiencias, el trabajo con medios y productores privados con y sin fines de lucro como así también públicos, las relaciones con investigadores (entre los que me contaba) y especialistas del campo y la rendición de acciones quincenales a la Comisión Bicameral que controla sus funciones.

En ese breve lapso logramos consolidar el trabajo precedente y desarrollar líneas nuevas. Se presentó el Informe del Monitoreo de noticias 2017 y el estudio comparativo de 5 años (2013-2017) llevado a cabo por integrantes de DAIM desde la dirección, en su origen, del Dr. Gerardo Halpern. Conseguimos, entonces, una gran repercusión en los medios masivos (gracias a la gestión de las compañeras y los compañeros del área de Comunicación Institucional) y en el ámbito académico, pues desarrollamos una presentación específica para cada destinatario. Esto redundó en un incremento del conocimiento del organismo, factible de ser medido, por ejemplo, en el crecimiento de la cantidad de denuncias que se recibieron en el período, como así también de la presencia mediática. Todo fue fruto de un trabajo colectivo al que pude sumarme por la predisposición de quienes ya estaban acá (y ojalá sigan).

Por otro lado, junto a integrantes de otras direcciones (con la autorización y el valor de María José Guembe y Ernesto Lamas) me sumé al equipo conformado por el Dr. Esteban Lopardo y el Dr. Gerardo Halpern para avanzar en líneas de acción vinculadas al desarrollo de las comunicaciones convergentes. Ellos venían trabajando hace tiempo la temática y con mi llegada le dimos cuerpo a una necesidad muy clara del organismo y de las audiencias, que comenzaban a hacer llegar denuncias definidas por consumos convergentes de medios tradicionales y emergentes. Ese trabajo necesita ser continuado por especialistas. Ojalá suceda.

A su vez, desde el abordaje académico y la perspectiva crítica del desarrollo de la convergencia comenzamos a robustecer el conocimiento hacia afuera y hacia adentro del organismo. Así, junto a Esteban Lopardo ofrecimos una Capacitación para trabajadores y trabajadoras de la entidad sobre el marco regulatorio vigente. Y luego la completé con un Ateneo sobre Convergencia, que constituyó una serie de encuentros de Capacitación formal a mi cargo con integrantes de la Defensoría a partir de una bibliografía definida en un programa para tal fin. Las presentaciones se complementaron con intercambios muy agudos con diferentes profesionales que se desempeñan allí: abogadas y abogados, comunicadoras y comunicadores, especialistas en género, en adultos mayores, en migrantes y otras diversas temáticas.

Por su parte, como miembro del organismo, me tocó exponer (acompañado por la Dra. Guembe, el Dr. Lopardo, la Dra. María Capurro y el Director Ernesto Lamas) ante la Comisión de Comunicaciones e Informática en el debate del Proyecto de Ley Corta de Comunicaciones. En ese marco di cuenta de aspectos centrales que una regulación convergente (o a medias) debe contemplar en pos de defender los derechos de las audiencias. Esa normativa no se aprobó. Pero resulta central que el organismo incorpore autoridades competentes al frente, en ocasión de que se reabra ese u otros debates pendientes sobre la regulación del sistema info-comunicacional.

Como reciente Director de DAIM me tocó participar de la (hasta ahora) última Audiencia Pública, realizada en el mes de agosto de 2018 en la localidad de Corrientes. El vínculo y la apropiación del instrumento por parte de las audiencias en aquel marco fueron expuestos en primera mano. Y a partir de allí pudimos realizar acciones con equipos de investigación y cátedras en el NOA como fruto del encuentro.

Poco antes del inicio de la intervención –que puso en suspenso casi todas las acciones planificadas- llevamos al Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación de Fadeccos realizado en Olavarría la propuesta de una serie de acciones en conjunto a llevar a cabo entre el colectivo de Carreras y la Defensoría que resultó muy fructífero mientras se pudo implementar. De ello se desagregan las presentaciones a mi cargo en Corrientes y Mendoza (mayo y junio de 2019) y la presentación del Monitoreo en la Universidad de Cuyo.

A pocos días de cumplirse tres meses de mi llegada el organismo fue intervenido por decisión de la Comisión Bicameral. Al frente fue designado un “encargado” cuyo CV todavía desconocemos quienes integramos el campo de la comunicación. Y cuyos antecedentes resultan escasos –si no nulos- para dicha tarea.

Desde entonces sufrí una serie de maltratos y hostigamientos personales y profesionales que se intensificó a partir del nombramiento de una Directora General en el área y puede resumirse en lo siguiente:

  • El desarrollo de un proceso de persecución y hostigamiento para mis tareas como Director de DAIM;
  • El cercenamiento y la reducción de tareas que competen al cargo que revestía, entre los que se destacan la decisión de que no firme los partes diarios de asistencia de las trabajadoras y los trabajadores del equipo a mi cargo y la planificación de sus tareas;
  • El control político de los contenidos de las presentaciones en ámbitos académicos de los resultados de trabajos completos y en desarrollo;
  • La suspensión de actividades planificadas (encuentros con equipos de investigación, jornadas académicas, planes, programas y proyectos planificados con otras entidades y organismos);
  • El maltrato ejercido por las autoridades de la Intervención en términos profesionales y personales para conmigo y en relación a mis tareas en el organismo;
  • El control de mis tareas en ocasión de viajes realizados para actividades académicas por parte de personal político incorporado al organismo por la Intervención;
  • La prohibición de asistir a jornadas, congresos y seminarios pertinentes a las temáticas abordadas en mis tareas como Director y planificadas para tal fin;
  • La suspensión sin causa de la presentación del Monitoreo 2018 para investigadores;
  • La prohibición de brindar entrevistas con medios de comunicación masiva para difundir los resultados de los trabajos que realiza el equipo a mi cargo;
  • La presión y los aprietes realizados de modo formal e informal por parte de los integrantes del equipo de la intervención, en ámbitos públicos y privados, hacia mi persona y hacia personas de mi círculo íntimo, entre otros;
  • La decisión de renovar mi cargo por un mes (Julio 2019);
  • La anécdota de impedir que mis compañeros y compañeras realizaran la despedida a quienes nos fuimos del organismo en estos días.

Esta situación consolida una serie iniciada con el desplazamiento de Ernesto Lamas del cargo de Director de Comunicación y Promoción en diciembre de 2018 –con argumentaciones falaces- y continuada en la situación de hostigamiento que llevó a María José Guembe a renunciar a su cargo de Directora de Protección de Derechos.

Haber aceptado la convocatoria de María José y Ernesto implicó un desafío profesional y personal muy significativo. Me permitió conocer el trabajo de gestión de un organismo que es una perla en la tradición nacional e internacional, me puso a conducir un equipo de profesionales lúcido, me instó a administrar reglas de gestión de un colectivo y a aportar desde mi área de especialidad para la defensa del derecho de las audiencias. Fue desafiante y hermoso mientras duró en el marco en que fui convocado…tres meses. Y se volvió un ámbito hostil, de persecución, maltrato, cercenamiento, incertidumbre laboral y vaciamiento desde la intervención. Hasta acá llego. Vuelvo a mis clases, mis proyectos, mis libros y mi compromiso con la investigación. Ojalá el futuro depare crecimiento y expansión para la Defensoría que supieron conseguir quienes están ahí desde su origen y consolidar quienes siguieron a pesar de los pesares. Ojalá haya un recambio justo y democrático en el futuro. Las audiencias lo necesitan. Quienes todavía trabajan allí también.
Santiago Marino

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