¿Qué diferencia hay entre un canal y una señal?

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El espacio de las ondas en el aire es limitado mientras que por un cable de fibra óptica se pueden transmitir cien veces más señales, por eso hay muchas señales de cable y pocos canales de aire y cada uno de ellos tiene una licencia del Estado con adjudicación firmada por el presidente de turno.

Las señales, sean de noticias como de películas, infantiles, de deportes, de auto, de agro, etc., al no ser licencias no están obligadas a los requisitos del ente regulador de telecomunicaciones, por ejemplo tener cierta cantidad de programación de ficción o de producción nacional o de productoras independientes, pero las señales de cable al mismo tiempo están limitadas en la cantidad de publicidad por hora: pueden emitir hasta 6 minutos de publicidad por hora y los canales de aire hasta 12 minutos, lo que guarda relación con la exigencia a estos últimos de tener una programación generalista y variada mucho más costosa que la de una sola temática. (Fuente www.perfil.com).

 
En la jerga televisiva se llama “señal” cuando se intenta distinguir el tipo de televisión del que se habla; por lo general, dicha distinción se establece para diferenciar las emisiones de TV Abierta al público en general (que se recibe mediante antena de techo) de aquellas “otras” que nos llegan a través de diversos operadores de TV onerosa o de distribución (TV por cable; TV Codificada por cable; TV Codificada por aire; la TDA (Televisión Digital Abierta) que distribuye el Estado o la TVD (Televisión Digital Terrestre), de índole privada, distribuida por sus “licenciatarios operadores”.
 
Es decir, “señales” son aquellas que no llegan a través de las antenas de los techos, puesto, que son servicios que se obtienen por demanda, y por lo tanto, onerosas. La TDA estatal, se puede recibir con una especial antena de techo, y es abierta y gratuita, pero, las señales emitidas por dicho sistema dependen de los transmisores propiedad de los gobiernos de turno, no son independientes. Este solo detalle viola los Principios de Libertad de Expresión y de Información, consagrados por nuestra Constitución Nacional.
Hasta aquí una breve descripción de las sensibles diferencias que caracterizan a dichos servicios. Justamente, en esas pequeñas cuestiones –aparentemente inocentes- se esconde el verdadero peligro de que se intente el “cierre total” de los únicos servicios de “televisión abierta, directa y gratuita” destinada al público en general.
 
Debemos saber, que históricamente, existen determinadas frecuencias (canales) en el espectro radioeléctrico que permite la difusión de múltiples señales de comunicaciones, entre las que se encuentran las citadas de TV Abierta; la Televisión Digital Abierta, estatal; la TV Codificada de aire privada y las telecomunicaciones (TIC). Pues bien, para su utilización primaria, por parte de los servicios de televisión abierta –internacionalmente- se atribuyeron bandas muy bien especificadas en el Reglamento Internacional de Radiocomunicaciones (RR) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), que rige en nuestro país a partir de la Ley N° 23.478 (1986), por la cual se adhirió al Convenio Internacional de Nairobi (1982) –hoy- de rango constitucional.
 
A pesar de todo lo dicho, las diversas gestiones gubernamentales habidas desde entonces, se han dedicado, sin prisa y sin pausa, a diezmar únicamente las frecuencias destinadas a los servicios de televisión abierta, directa y gratuita (radiodifusión de televisión), adjudicándolas a la explotación de servicios cerrados (onerosos: TV Codificada de aire); al propio Estado, los canales en los que actualmente opera la TDA; a las telecomunicaciones (telefonía celular y otros), y a la TDT privada que puede armar consorcios de subarrendatarios. O sea, todo para el Estado y/o para los grandes empresarios y nada para los servicios destinados al público en general, como lo marcan las normas vigentes.
Profundizar más en este tema sería como redactar el “Manual de instrucciones” que los funcionarios del sector jamás leyeron, cosa, que ya sería tarde, después de todo lo mal hecho; pero, son los contribuyentes, es la gente, es el público en general quien en realidad y como siempre resulta perjudicado por “la mala praxis”.
 
Para que no se piense que esta postura está en contra de las nuevas tecnologías, aclaro que no es así, sino, que por el contrario lo expuesto debe servir para llamar a una cordura administrativa más ecuánime, menos arbitraria y/o discriminatoria; que le otorgue similar importancia a los distintos servicios para que ninguno deba dejar de existir para dar paso –exclusivamente- a los servicios onerosos o de imposible acceso para el segmento de menores recursos, siempre pensando en el antiguo precepto de la administración pública, que señala:
 
“No se deben dictar medidas que beneficien a unos pocos, en perjuicio de muchos”.
 
Edgardo Molo
Asesor Técnico Legal
Especialista en Radiodifusión
Periodista

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