Por tal motivo se puede decir que la medida recientemente dictada mediante el Decreto N° 173/ 2019 ha sido, en principio, auspiciosa y bienvenida.
Pues, una cosa es “no entender” y otra muy distinta hubiese sido “no atender”; y en este caso, daría la impresión que la decisión tomada de “recalcular” lo andado en materia de medios estaría indicando la existencia de una posible revisión de todo lo actuado en los últimos años, en esta materia. Si esto se cumple sería muy positivo para todos los involucrados: radiodifusores, medios, público en general, interés público, y por ende, para las libertades de expresión y de información, que tanto nos han costado recuperar a los argentinos, junto con la democracia.
Se trata de la postergación de la fecha del 1° de septiembre de 2019, establecida para materializar el tan famoso “apagón analógico” (que modificará el actual estándar técnico de recepción televisiva, por el estándar digital), hasta el 1° de septiembre de 2021.
Si bien, se podría asegurar que las autoridades han puesto atención sobre las recomendaciones efectuadas, al respecto, por expertos en la materia, todavía no se tienen noticias de cuáles son las tareas que, aprovechando el lapso de la postergación, se estarían llevando a cabo para “retomar” el imprescindible camino de reparación y normalización de los servicios, en base a un verdadero e insustituible “Plan Técnico Nacional” con el cual se pueda desenredar la madeja enmarañada, “la galleta”, que presenta en la actualidad el uso del espectro radioeléctrico por actores de variadas procedencias e improcedencias.
Ello, posibilitará retornar al cumplimiento de las normas, tanto técnicas como legales, cosa que beneficiará notoriamente a los servicios que nuestras leyes han declarado categóricamente de “interés público” y que deben circular por ese espectro radioeléctrico atribuido para el cumplimiento de tales fines con las condiciones y especificaciones taxativamente establecidas.
Es muy propio de esta gestión gubernamental, el reconocimiento de sus errores; resultará apropiado, entonces, que en esta circunstancia, en la que se ponen en serio riesgo algunos de los derechos fundamentales que derivan de servicios considerados esenciales en las democracias del mundo, pudiera llegar a buen puerto, a fin de que nadie, ningún habitante de la Nación, corra el peligro de quedar afuera de las comunicaciones, en ninguna de sus modalidades.
Edgardo Molo
Asesor Técnico Legal
Especialista en Radiodifusión
Periodista
